BIS III 02062011

Los Gobiernos, al igual que las empresas, pueden endeudarse para financiarse y como las empresas, también estos pueden caer en situaciones de insolvencia y caer en default. Según señalaba la semana pasada Luis de Guindos el Tesoro portugués tenía liquidez para hacer frente a las obligaciones de pago inmediatas, pero en junio Portugal hacía frente a nuevos vencimientos por valor de 10.000 millones de Euros, cuya renovación parecía imposible o, como decíamos, está hubiera sido a un coste prohibitivo – nuestros vecinos ya estaban colocando su deuda a niveles superiores al 9%. El Gobierno interino del Presidente Sócrates tiene convocadas elecciones precisamente para el próximo junio con lo que el nuevo gobierno se ahorrará el bochorno del rescate, pero sus próximas decisiones no serán para nada fáciles.

Como es obvio, el plan de rescate financiero por parte de la Unión Europea viene con su correspondiente contrapartida consistente principalmente en la imposición de un fuerte plan de choche para devolver el equilibrio a las finanzas públicas, privatización de compañías públicas, y reformas estructurales encaminadas a la liberalización de los rígidos mercados lusos –  muy especialmente en el mercado de trabajo.

Lo anteriormente descrito no es para nada un camino de rositas por diversos elementos. Los efectos de los planes de contención fiscal no tienen un efecto directo sobre el coste del endeudamiento en el corto plazo como de hecho ya estamos viendo en los casos de Grecia, al que hacíamos alusión antes, o Irlanda. Y resulta lógico ya que en el corto plazo, el efecto de los planes de contención fiscal es la depresión de la actividad económica con el consiguiente descenso, de los ingresos tributarios además del descontento social y previsibles resistencias que provocan inevitablemente este tipo de políticas de recorte drástico del gasto público. Esto hace que el ajuste fiscal sea una condición necesaria pero no suficiente a la hora de disipar las dudas sobre la solvencia de un país y devolver a valores razonables, por decirlo de alguna manera, las rentabilidades exigidas por los mercados.

¿Por qué sucede esto? Cómo ya nos hemos encargado de señalar en otras ocasiones desde esta misma tribuna, para el correcto análisis de las crisis presupuestarias la variable verdaderamente relevante no es tanto el volumen y dinámicas de endeudamiento, que también, sino la capacidad de repago del deudor. La economía portuguesa, al igual que la de España, arrastra una pérdida sostenida de competitividad cuyo indicador más claro es el crónico déficit por cuenta corriente que representa un 9,5% del PIB luso. Este hecho diferencial en su cuadro macroeconómico limita la capacidad y potencial de crecimiento de la economía lusa de en el corto-medio plazo. Y es esto precisamente lo que están penalizando los mercados, y seguirán penalizando mientras la economía lusa no sea capaz de reducir de forma drástica el binomio déficit/deuda mientras afronta con decisión las reformas estructurales necesarias que le permitan recuperar la competitividad perdida y reducir su déficit por cuenta corriente.

Con respecto a la crisis bancaria, las dudas sobre la solvencia de los bancos portugueses persiste si bien por motivos bien diferentes a los del caso español. Portugal, y a diferencia de Irlanda o España, no ha experimentado los efectos distorsionadores en la economía de la burbuja crediticia/inmobiliaria de manera que el sistema bancario tiene limitada su exposición a activos tóxicos, y a priori hace que este más saneado. Sin embargo, esta ventaja inicial queda en parte anulada por la elevada exposición que la banca tiene con la deuda pública portuguesa y por lo tanto su elevada exposición al riesgo soberano de su propio país.

En suma, y al igual que sucede en el caso de nuestra economía, Portugal se enfrenta a duras y dolorosas reformas estructurales, con el agravante de que a día de hoy la pérdida de su soberanía para pilotarlas es casi total. Dichas reformas deberían incluir prácticamente la totalidad de la economía, con especial énfasis en el mercado laboral para hacerlo más flexible y competitivo; el sistema educativo para hacerlo más exigente; el replanteamiento del Estado de Bienestar para liberar recursos del Estado de forma estructural; y la reforma profunda del sector público para hacerlo más ligero y eficiente. Dichas reformas necesariamente implicarán una reducción del bienestar en el corto plazo, pero resultan imprescindibles para el ajuste de la economía lusa al nuevo marco y entorno competitivo, paso previo ineludible para recuperar la senda del crecimiento sostenido, y devolver, a unos niveles razonables, las cifras de endeudamiento y gasto público asegurando así la solvencia futura del país en el medio-largo plazo.

Cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar. Conviene no ignorar y prestar especial atención a los avatares económicos y financieros de nuestros vecinos y actuar en consecuencia. Desde el inicio de la crisis que España vive instalada en el borde del precipicio financiero por el que hemos visto caer a Irlanda, Grecia, y ahora Portugal. Nuestros planes de contención siguen sin convencer, y las reformas estructurales, aun yendo en la dirección adecuada, siguen sin reactivar la economía, aspecto clave para la recuperación de la solvencia pérdida y para alejar de forma clara y rotunda los fantasmas del impago. Ninguna economía puede sostener tasas de desempleo del 20% y alegar que es solvente.

Desde entonces, el Ejecutivo ha ido avanzando en la buena dirección en algunos frentes, más o menos, pero los avances han pecado en muchos casos de falta de concreción y de ambición para no sólo alcanzar consensos de mínimos, como así lo atestiguan los vaivenes del selectivo español o los repuntes en el coste de nuestra deuda soberana. Dicho lo cual cabe preguntarse: ¿están justificadas las dudas sobre nuestra solvencia?

La semana pasada, en una columna en el Financial Times, uno de los demonios del Gabinete socialista, Wolfgang Münchau, competente analista, hacía precisamente hincapié en las fragilidades de nuestra economía y cómo éstas generan serias dudas sobre nuestra solvencia futura y encarecen de forma sistemática nuestro endeudamiento.

En el epicentro de nuestra particular crisis presupuestaria se encuentra la crisis bancaria y la incertidumbre sobre su verdadero coste. Éste es el elemento central, aunque también existen otros factores que no ayudan a disipar la sombra del impago, principalmente: las sucesivas moratorias en la reforma de la negociación colectiva y de los mercados de trabajo, aspecto clave para corregir las graves deficiencias de nuestras instituciones laborales; y los recortes en el gasto público - de carácter estructural -, que si bien han avanzado continúan siendo aún insuficientes.

Por si lo anterior no fuese suficiente para generar dudas entre nuestros acreedores, las presiones inflacionistas han acelerado la paulatina retirada de los estímulos monetarios lo que aumenta, aún más si cabe, el riesgo de recaída de nuestra economía, hoy en una posición de extrema fragilidad.

Por partes. La variable principal para entender la desconfianza de los mercados hacia nuestra economía es el coste del rescate bancario. Hace unas semanas el Banco Central Europeo se veía forzado a subir los tipos de referencia hasta el 1,25% para contener las presiones inflacionistas. Ese mismo día anunció también que ésta no sería la única subida y, previsiblemente, los tipos suban de forma paulatina hasta el 2%-2,25% hasta finales de año.

Este hecho es especialmente adverso para el ya de por sí tensionado sistema financiero. Primero porqué los tipos encarecerán la mayor parte de hipotecas (contratadas a tipo variable) de forma automática. Este encarecimiento de las cuotas de gran parte de las hipotecas, sumado al paro crónico de nuestra economía, sólo puede empujar la mora (oficial) en las entidades de crédito al alza. Más cuando muchas de estas prestaciones por desempleo se empiecen agotar.

Al repunte de la mora, cabe también esperar bajadas adicionales en el precio de la vivienda. Para el trienio 2008-2010, el sistema financiero español se ha mantenido formalmente sólido por diversos factores, principalmente: la existencia de unos principios bancarios macroprudenciales más conservadores -anclados en una banca más tradicional-, y la existencia de un régimen hipotecario que vincula al deudor con su patrimonio personal en caso de no hacer frente a sus obligaciones de pago.

Este hecho diferencial, sumado a la inyección de ayudas públicas al sector inmobiliario y financiero, ha actuado de dique de contención de la mora y ha evitado, en cierta medida, la corrección en los precios de la vivienda. A ello cabe a sumar, además, las hasta hace poco tenues exigencias de depreciación de activos en balances aplicadas por el Banco de España a las entidades financieras.

Los datos son claros: para el periodo 1995-2006 (momento del peak) Estados Unidos vio como los precios de la vivienda subían un 150%. Desde 2006, la corrección media del mercado ha sido de un 27%. Por su parte, en España para el periodo 1996-2008 (momento de nuestro peak) los precios de la vivienda subieron un 200%, pero hoy los precios apenas se han corregido de media un 15%, según datos del INE. Parece, pues, lógico esperar que los precios de la vivienda en España prosigan su corrección (aunque esta será muy desigual dependiendo de la zona y el tipo de activo).

Así pues, en el medio plazo podemos afirmar que la mora sólo puede dispararse y el precio de la vivienda sólo puede caer. Estos dos factores añaden tensiones adicionales a un sistema financiero que hoy ya necesita de fuertes recapitalizaciones para cumplir con las nuevas normas de solvencia que dicta Basilea III. Las estimaciones actuales del Gobierno calculan estas necesidades de recapitalización de las cajas de ahorros, paso imprescindible para que los flujos de crédito vuelvan a funcionar con normalidad, en una horquilla de entre los 15.000 y 20.000 millones de euros.

Sin embargo, y en base a estimaciones teniendo en cuenta la exposición al sector inmobiliario del conjunto de las entidades y asignando diferentes probabilidades de impago según la categoría en la que se encuentra el préstamo en cuestión (dudoso, subestándar, contencioso, etc.), la mayor parte de las estimaciones realizadas por analistas independientes oscilan entre los 50.000 y un máximo de 200.000 millones de euros (una quinta parte de nuestra economía).

Todo lo anterior configura los aspectos de base para entender la desconfianza de los mercados con respecto a nuestra deuda soberana. Sin duda, son los ingredientes de una paella con sabor a tragedia griega-luso-irlandesa muy peligrosa. También es cierto que, y como ya se ha encargado de enfatizar el Gobierno, existen factores coyunturales que hacen que en determinados momentos los mercados entren en pánico: en su día fue la crisis de Grecia; hoy es la de Portugal, los especuladores de la City o los recientes rumores que apuntan a la reestructuración final (default) de Grecia.

Sin embargo, huelga decir que nadie especula contra una economía saneada, que hace sus deberes asegurando su solvencia. Haciendo un símil, podríamos decir que hemos sido nosotros (el Gobierno, más concretamente) los que libremente hemos escogido instalarnos al borde del precipicio financiero. Una vez allí, es relativamente normal que cada vez que alguien se cae los inversores duden sobre si nosotros seremos o no los siguientes.

Publicado en Libremercado

China IJM 08042011

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Desde su fundación, el partido Comunista ha dirigido el desarrollo económico de la República Popular a partir de sucesivos planes quinquenales en los que se han ido estableciendo de forma sucesiva los principios estratégicos y las prioridades para el desarrollo económico: una especie de Business Plan para el conjunto del país. Durante los años negros del comunismo dichos planes pusieron el acento en la industrialización del país aplicando la lógica del socialismo soviético de planificación central. Los resultados por todos conocidos: especialmente sonado es el fracaso del segundo de dichos planes, previsto para el periodo 1958-1962 y también conocido como el Gran Salto Adelante, que provocó la mayor hambruna en términos absolutos de la historia de la humanidad.

Con la llegada de Deng Xioping al poder, en diciembre de 1978, y el inicio de las reformas económicas, los planes han ido encaminados en tres líneas principales: desmontar de forma ordenada – es decir evitando el vacío institucional – el antiguo régimen comunal y de planificación central, liberalizar los mercados, y abrir de forma paulatina la economía al exterior. Los resultados, y en contraste con la etapa anterior, han sido espectaculares y han sorprendido a los propios chinos. Durante estos años la inversión y las exportaciones han sido los dos pilares en los que se ha sustentado el modelo de crecimiento económico.

A finales de los 70s, China empezó a desmantelar el sistema comunal que durante 30 años había estrangulado el desarrollo del país. Con la paulatina liberalización  del sector agrícola, el país liberó muchísimos recursos humanos dispuestos a trabajar en las ciudades con salarios relativamente bajos. La paulatina apertura de la economía al exterior y el establecimiento de un marco institucional, mejorable, pero estable y relativamente seguro, atrajo la inversión necesaria que, juntamente con el excedente de mano de obra del sector agrícola configuraron los ingredientes del  llamado “milagro chino”. Este modelo, altamente intensivo en capital, ha permitido a China crecer a tasas de doble digito de forma sostenida y ha supuesto la revolución industrial más rápida de la historia (China ha conseguido en poco más de 20 años lo que en su día consiguió el Reino Unido en 70).

Sin embargo, este modelo, altamente dependiente de la inversión y la demanda exterior, ha generado importantes tensiones y desequilibrios con el resto del mundo. Con la llegada de la recesión económica, estas debilidades se han hecho más evidentes y ha llegado el momento de empezarlas a corregir. En otras palabras, es necesario reorientar el modelo de crecimiento basado en exportaciones hacia otro en el que el desarrollo del mercado doméstico y el consumo ganen protagonismo.

Este es precisamente el objetivo del nuevo Plan Quinquenal que incluye diferentes medidas en tres bloques principales. Primero, apoyar esta transición desde un modelo en donde predominan los sectores manufactureros hacía un modelo más basado en industrias de servicios. Como hemos señalado antes, durante años, el crecimiento de la economía ha dependido en gran medida de un aumento de la productividad que necesitaba una gran densidad de capital y un ahorro, también importante, de mano de obra lo que hoy dificulta la absorción en el mundo laboral de la numerosa población china. El nuevo modelo, quiere incentivar industrias menos intensivas en capital y más intensivas en el factor trabajo: salud, logística y transporte interior, distribución, comercio mayorista, ocio y turismo. Esta transición hacia sectores en los que los incrementos de la productividad son menores implica, irremediablemente, un menor ritmo de crecimiento en el futuro – Barry Eichengreen estima que esta desaceleración será inminente, estructural y debería situarse en torno al 6-7% –, aunque suficiente para mantener los objetivos de generación de empleo del Politburó. Por añaduría, este nuevo patrón implica también inevitablemente una menor intensidad en el consumo de materias primas y conllevará beneficios adicionales al ser un crecimiento más ligero y ecológico: el Gobierno chino estima reducir su consumo de energía por unidad de PIB un 16%, y sus emisiones de CO2 un 17% en los próximos 5 años.

Un segundo bloque de medidas son las encaminadas a la mejora de las rentas de los trabajadores de las zonas rurales con el objetivo de suavizar las importantes disparidades existentes el campo y la ciudad – a día de hoy la renta per cápita en las zonas rurales representa tan sólo un 30% de la renta per cápita en las zonas urbanas. La naturaleza de estas importantes diferencias es el propio régimen que durante años, incluso durante los años de reforma económica, castigo las zonas rurales en beneficio de las zonas costeras donde el partido decidió fomentar y concentrar la industrialización del país. Para corregir estas disparidades y conseguir una sociedad más harmoniosa, en palabras del propio Presidente Hu Jintao, resulta imprescindible, entre otras muchas medidas, la paulatina eliminación de las restricciones a la movilidad todavía existentes en China heredadas del antiguo sistema hokou (sistema de registro de hogares).

Finalmente, el futuro plan incluye un tercer bloque de medidas encaminadas a la creación de una red – aunque mínima –, de seguridad social para reducir la fuerte aversión al riesgo existente entre la población china y su elevado ratio de ahorro. Se trata de un tema que lleva años en boca de los dirigentes chinos y en el que ahora se quiere poner más atención. Todavía está por ver el alcance de las medidas concretas, pero la idea es dotar de mayores recursos a iniciativas ya diseñadas, principalmente tres: sistema de pensiones, seguros en caso de enfermedad, y seguros por desempleo.

El plan incluye otras muchas iniciativas y políticas a desarrollar en los próximos cinco años, pero lo más importante es que el nuevo Plan refleja la firme voluntad del Politburó de cambiar la estructura actual de la economía hacía un modelo más equilibrado y sostenible. Si miramos los grandes números, hoy el consumo representa un 36% de PIB chino. Con el nuevo plan quinquenal el objetivo es aumentar este porcentaje hasta el 42-45% en 2015. Estos cambios, y como siempre que hablamos del gigante asiático, supondrán un fuerte impacto en el escenario económico mundial.

Con esta voluntad de cambio de modelo, China materializa su contribución al reequilibrio de la economía mundial: el nuevo modelo hará disminuir el hoy abultado superávit en la balanza de pagos de la economía china, como también lo hará su exceso de ahorro. Esta reducción del superávit y el fortalecimiento del renminbi – histórica reclama de Washington a Beijing –, reducirá el remanente que China ha estado utilizando para financiar los déficits de otras economías, y muy especialmente el déficit en la balanza de pagos de la economía estadounidense. Como indicaba hace poco Martin Feldstein, esto significa que el día en el que China deje de ser un comprador neto de bonos del gobierno estadounidense está más cerca. Es por ello, que la administración Obama tienen un nuevo motivo para volver a un escenario de equilibrio presupuestario sino quiere que los chinos les pasen la mano por delante antes de lo previsto.

Artículo publicado en LibreMercado (23/03/2011)

El 28 de junio de 1914 una banda de nacionalistas serbios asesinaba al archiduque Francisco Fernando de Austria, candidato al trono de la corono austro-húngara, y a su esposa. En un principio pareció una trifulca más de las existentes en la región por aquél entonces. Semanas después, Europa entera estaba en guerra. Lo local desemboco en lo global. De una forma más o menos análoga, el 17 de diciembre Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante tunecino, se auto-inmolaba en señal de protesta por la confiscación de su licencia de venta ambulante por parte de la policía del régimen del Rais Ben Alí (Buazizi fallecía en el hospital a principios de enero como consecuencia de las quemaduras). Este es considerado como el principal factor detonante de las revueltas que se han sucedido desde principios de año en el Norte de África y Oriente Medio.

Otro detonante, o mejor dicho: un facilitador del detonante han sido las redes sociales. En efecto, las actuales revueltas no se comprenden sin el papel que han jugado las redes sociales, Facebook y Twitter principalmente, a la hora de canalizar las revueltas y hacer que el malestar latente en la región eclosionara de la forma en que lo ha hecho. Los regímenes de la zona, como el de Ben Alí y familia en Túnez, habían impuesto una fuerte represión social que disuadía cualquier acto de protesta por miedo a fuertes represalias. Sin embargo, la existencia de estas redes sociales ha permitido franquear el muro del miedo al permitir la comunicación y canalizar el descontento de manera que la gente sabía de antemano las protestas y no se exponía al riesgo de protestar solos y sufrir la represión del sistema. Se trata de un papel fundamental que permitió canalizar las protestas al saber el día y la hora de las mismas envalentonando a la población en su conjunto.

Hasta aquí algunos de los detonantes, pero también hay otros factores menores que juntos han desembocado en la oleada de furia que se ha desatado en todo el mundo Árabe de Marruecos a Yemen. La principal de estas: la precaria situación económica de la región. Estos países tienen un grueso enorme de población joven con unas estratosféricas cifras de desempleo. Estas economías no sólo han aplicado las políticas económicas propias del socialismo más rancio, sino que han instaurado regímenes autocráticos en donde los mejores puestos se reparten entre los miembros del clan familiar o de los “amigos” del régimen. En definitiva, se trata de regímenes corruptos y poco transparentes y un caldo de cultivo perfecto para generar frustración y tensiones sociales. Aquí es justo señalar las diferencias: no es lo mismo el Egipto de Mubarack, país relativamente próspero en comparación con otros, como tampoco tiene el mismo talante el Rey Hussein de Jordania que Mohammed VI de Marruecos. Aunque existen características comunes en la región propias de sistemas institucionales muy precarios.

Esta situación, ya de por sí dramática, se ha visto agravada desde 2008 con la crisis financiera en las economías desarrolladas. En primer lugar, Europa se ha blindado, aún más, a los flujos migratorios condenando a los jóvenes a convivir en estos regímenes con pocas o nulas posibilidades de prosperar. Del mismo modo, la crisis ha supuesto una fuerte contracción en el envío de remesas hacia estos países, así como la pérdida de muchos empleos en estos países lo que en muchos casos se ha traducido en flujos de trabajadores que han regresado para engrosar las filas de paro en estos países. Por añaduría, los ingresos por el turismo también se han contraído por la crisis, y los precios de los hidrocarburos, en caso de los países exportadores de petróleo, se disminuyeron de forma dramática (los precios han vuelto a subir después de la crisis en Libia) reduciendo los ingresos de estos países.

Finalmente, y por si todo lo anterior no fuese suficiente para generar un clima de elevada tensión y conflictividad social, algunos analistas han señalado causas climáticas que hubiesen podido agravar, aún más, la situación. En efecto, el año pasado Rusia fue azotada por una gravísima ola de calor que provocó diversos incendios, y los peores de su historia. Este hecho malogró un tercio de la cosecha de trigo y Moscú tuvo que suspender sus exportaciones de cereal con la consiguiente subida en los precios de los alimentos. Primero los cereales, pero a partir de diciembre de 2010 el encarecimiento paulatino de otros: pan, leche, carne, pollo…  El mayor incremento registrado desde 1990. En economías poco desarrolladas o emergentes, como las de Oriente Medio, hasta dos tercias partes de la renta disponible se destina a la compra de alimentos y productos básicos lo que hace que estas economías estén altamente expuestas – sean muy sensibles – a hipotéticas subidas en los precios de los alimentos. Así, las protestas por el encarecimiento de la vida también fueron en aumento.

Todo lo anterior, más las causas de carácter estructural, históricas y políticas que resumíamos el otro día, han convertido a la región en una zona fuertemente inestable. En el futuro hemos de esperar que la región pueda encontrar la paz a través de regímenes democráticos, más transparentes y más tolerantes, aunque todavía está por ver si las revueltas habrán servido para aquello tan antiguo de salir de las brasas para caer en el fuego… Esperemos que no.

Antes de entrar propiamente con las causas de carácter estructural que pudieran haber motivado la revuelta, resulta pertinente hacer algunos comentarios generales de carácter previo. Primero, hay que recordar que nada, o muy poco, tiene que ver Marruecos con Egipto, lo mismo entre Libia con Yemen por poner dos ejemplos. Aclaro esto, porqué resulta muy impreciso hacer referencia al “mundo árabe”, y es preciso realizar un análisis minucioso de cada país, del mismo modo que es tremendamente impreciso el termino de cristiandad. La histórica nomenclatura de la marina británica que dividió oriente en tres: oriente próximo, oriente medio y extremo oriente resulta hoy obsoleta (y no deja de ser un signo más que evidencia la poca solidez de las fronteras establecidas en la región basadas principalmente en los antiguos regímenes coloniales), y más aún cuando tratamos esta gran región como un todo. Parag Khanna – uno de los muchos expertos en geopolítica y estudios internacionales que fue incapaz de predecir lo más mínimo las revueltas pese haber visitado la zona en in situ diversas veces y haberse entrevistado con los diferentes líderes de la región – enfatiza está idea hablando del Magreb como un “cinturón roto” en su libro El segundo mundo, y en todo caso, ha sido con la globalización, y el auge de flujos comerciales en la zona las que pueden haber iniciado la reintegración de la región.

Un segundo apunte previo imprescindible es resumir el contexto histórico de la zona. Desde la implosión del imperio Otomano y la Primera Guerra mundial que occidente ha tenido dos prioridades diplomáticas principales en la zona: asegurar el suministro de hidrocarburos, y garantizar un hogar seguro para los judíos. Después del drama del Holocausto, la creación del estado de Israel (en 1948) coincidió con la liberalización de muchos países de los antiguos regímenes colonialistas y la instauración de gobiernos anti-sionistas (esto es, contrarios a la existencia de Israel). Algunos de estos gobiernos fueron de corte militar nacionalista (Egipto y Yemen) y otros dictaduras socialistas (también llamado socialismo árabe, si es que esta expresión tiene algún sentido) en Irak, Siria, Libia y Argelia.

Tras varias guerras perdidas contra el estado de Israel (la última en 1973 que propició la primera gran crisis del petróleo), Egipto y Jordania firmaron sendos armisticios con el estado judío y a alinearse con Estados Unidos que en paralelo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial – y en el contexto de la guerra fría –, había estado buscando la complicidad de todas las petro-monarquías de la península arábiga así como Líbano, Túnez y Marruecos. De esta forma se sellaba una especie de pacto entre el los aliados y los países de oriente medio que no tendrían ningún problema sino amenazaban la estabilidad del suministro energético ni la seguridad del Estado de Israel.

Así se establecía un nuevo status quo en la región en donde bajo el pretexto de la lucha anti-imperialista o la caza de comunistas (este pretexto también se dio en Eurasia en dónde Estados Unidos llegó a financiar a los Talibanes para frenar el avance hacia el oeste de la Unión Soviética; ver La Guerra de Charlie Wilson con guión del siempre sugerente Aaron Sorkin) en estos países se establecieron duras dictaduras de partido único y de marcado acento represor lideradas por déspotas: Muamar al Gadafi, Sadam Hussein, o Al Assad entre otros. Dictaduras, que a pesar de no respetar los derechos humanos más básicos, garantizaban la estabilidad en los precios del petróleo sin amenazar la existencia de Israel. El coste de este status quo recayó sobre el pueblo árabe que se vio condenado a convivir con estos regímenes mientras en el resto del mundo la democracia parecía avanzar de forma imparable.

En la década de los 70s, desaparecieron las dictaduras de España, Portugal y Grecia. En 1983, en Turquía. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, se derrumbaba el telón de acero y con él el colapso del “socialismo real” dando paso a nuevas democracias en Europa del Este y Europa continental. En américa latina, en la década de los 90s caían diferentes dictaduras militares. Sin embargo, y pese a la proximidad con la demócrata Europa, el mundo árabe quedo al margen de todas estas olas democratizadoras dejando a oriente medio en un estado de glaciación autocrática, parafraseando a Ignacio Ramonet.

En este escenario de estancamiento social y político, y también como han señalado varios analistas con independencia de su signo político, nos encontramos que las voces críticas se concentran en el único sitio en el que uno se puede reunir sin problemas: la mezquita. Y en torno al único libro no censurable: el Corán. De esta forma, las diferentes corrientes que integran la rama violenta (fundamentalista si utilizamos el término más eufemístico) del islam se han ido fortaleciendo (de alguna manera, y salvando todas las distancias, pasa como el comunismo en tiempos de franco que concentro y capitalizó todas las fuerzas contrarias al régimen de Franco).

Así se fueron fortaleciendo los islamismos con la complicidad de Estados Unidos que veía en esta tendencia una forma de mantener sumisos (significado de la palabra Islam) a las naciones árabes. El máximo exponente de esta dinámica lo encontramos en Arabia Saudí en dónde se han concentrado las facciones más radicales del islamismos y que, en cambio, siempre ha contado con la complicidad de Washington. Esta tendencia se agudizó con la “revolución islámica” de 1979 en Irán: el islamismo político poco a poco iba articulando a través del Corán un esqueleto de argumentos para reclamar más justicia social y denunciar el nepotismo, la corrupción y la tiranía de los antiguos regímenes.

Estas ramas, han actuado siempre de forma independiente y han estado relativamente poco organizadas. Sus objetivos diversos, pero principalmente conquistar el poder mediante vías violentas y la “guerra Santa” o yihad. Este es el origen de Al-Qaeda, principal organización paramilitar yihadista organizada en base a cédulas independientes (cuyo líder espiritual es Osama Bin Laden, millonario de origen Saudí, y cuyas raíces se sitúan en el apoyo que recibió por parte de la CIA para contener las fuerzas de la Unión Soviética en Afganistán). Después de los brutales y dramáticos atentados terroristas del 11S en Nueva York y Washington, las potencias occidentales se concentraron en responder a los regímenes de los Talibán en Afganistán y de Saddam Hussein en Irak pero sin atacar la complicidad existente entre dictaduras “amigas” y los terroristas. En cualquier caso, los atentados añadían miedo y provocaron (seguramente no faltos de razón) una mayor represión en estos regímenes con el objetivo de mantener un férreo control sobre el islamismo radical. Sin embargo, se ignoró el hecho de que éste era consecuencia de la carencia de libertad y la autonomía de mucha de estas naciones agregando más injusticia, más represión y más frustración en la zona.

Seguramente era imposible arreglar el desaguisado histórico (resultado de sucesivas interferencias en los asuntos de otros países de las potencias occidentales) justo después del 11-S ya que cualquier concesión en este sentido hubiera alentado aún más a los jóvenes radicales. En cualquier caso, la doctrina Bush se centraba en aplicar una respuesta dura y contundente para con cualquier régimen que pusiera en entredicho la seguridad del Estado de Israel, diera cobijo a cédulas terroristas o amenazase el suministro de hidrocarburos. El resultado fue la relativa estabilidad de la zona pero con el elevado coste social de la represión y el caldo de cultivo perfecto para la gestación de más radicalismos en la zona. El problema, o uno de los problemas, es que esta doctrina, equivocada o no, se ha sustituido por nada con la llegada de Obama a la Casa Blanca: ¿Esta justificada una intervención militar? ¿Podría servir para solucionar estos conflictos? ¿Sabemos quienes son y que pretenden los rebeldes en cada uno de estos países? ¿Saldrá la izquierda ha defender el No a la Guerra?  …

El primer gran riesgo que amenaza nuestra economía es el todavía inflado mercado inmobiliario. España, junto con los Estados Unidos e Irlanda, fue una de las economías en las que se gestó una mayor burbuja inmobiliaria durante la etapa expansiva. Con respecto a 1995, los precios de la vivienda en España se incrementaron un 200% en 2008 año en el que el mercado de la vivienda empieza su corrección a la baja.  En Estados Unidos, el peak se alcanza en 2006 y la subida es de un 150% con respecto a los precios de 1995. En Irlanda, el ciclo también se agota en 2006 y en este caso la escalada de precios es aún más fuerte alcanzando un incremento del 315% desde 1995. Así pues, la burbuja en España ha sido algo más fuerte que en Estados Unidos, y bastante menor que en Irlanda. Sin embargo, la corrección en las tres economías ha sido muy dispar. Irlanda ha corregido el precio de la vivienda en un 40% desde su momento más álgido (2006). Este porcentaje es un 27% en el caso del mercado de real estate estadounidense, y sólo un 15% en el caso de la economía española. Si comparamos este 15% con el 27% en Estados Unidos, tenemos que como mínimo nos queda un 20-30% de corrección adicional para corregir por completo los sobre precios en el mercado inmobiliario.

Muchos analistas han escrito sobre la naturaleza de este ajuste dispar entre las economías anglosajonas y la española que tiene su origen en las  diferencias a la hora de establecer el régimen jurídicos de los préstamos hipotecarios en estos países. En efecto, en el caso español, las hipotecas no sólo están respaldadas por el colateral, sino también por los ingresos y el patrimonio del deudor. De esta forma, incluso en los momentos en los que la diferencia entre el montante de la deuda y la depreciación del colateral es más alta, la mora queda contenida y los precios de la vivienda se ajustan con mayor lentitud.

Sin embargo, la situación actual de la economía, en la que las reformas no se han emprendido con la suficiente fuerza para generar crecimiento económico (capaz de generar empleo), juntamente con el importante ajuste presupuestario que hemos de abordar durante el presente ejercicio, o el hándicap añadido de una reforma bancaria todavía lejos de cumplir con sus objetivos últimos (recapitalizar el sistema en su conjunto), hacen que estas tensiones latentes pudieran aflorar durante los próximos meses. Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de paro sólo puede mantenerse (esto es consolidar un escenario de estancamiento), o incluso aumentar hasta el 25% (escenario de recaída, hoy por hoy, no descartable).

Por otro lado, existen factores estructurales y coyunturales (en forma de shocks endógenos, Japón y Libia principalmente) que pueden añadir aún más presiones inflacionistas provocando una retirada de los estímulos monetarios antes de lo previsto. En efecto, la barra libre de liquidez que desde hace meses inunda los mercados a ambos lados del Atlántico (origen de la extrema fragilidad de nuestra coyuntura actual) está llegando a su fin. El repunte en los precios del petróleo obligaría a sucesivas subidas en el precio del dinero, lo que encarecería la carga financiera de muchas hipotecas (en España la inmensa mayoría de los créditos hipotecarios está referenciado al Euribor; lo que en el pasado también ha aliviado a las familias y empresas que se han beneficiado de tipos de interés inusualmente bajos), esto a su vez dispararía aún más la mora – que podría llegar a doblarse a finales de año –, y en suma provocar un nuevo periodo de contracción del PIB en verano/otoño de este año.

Estos son sólo algunas de las debilidades de nuestra economía pero hay más (competitividad, déficit crónico con el exterior, reforma educación, arquitectura ineficiente del Estado y sobre endeudamiento de las entidades locales, etc.). Es por ello que el Gobierno debe proseguir intensificando su actuación en tres ámbitos principales: (1) contención del gasto público, con especial atención a las partidas “estructurales” del Estado para ganar credibilidad en los mercados y reducir la sobre carga financiera que supone la prima por riesgo país; (2) ahondar en las reformas en la economía productiva para reactivarla de manera clara (sólo reforma que descentralicen de forma efectiva la negociación colectiva, alivien la carga financiera de pensiones y subsidios de desempleo, y liberalicen los mercados se traducirán en crecimiento económico); y (3) acelerar la reforma del sistema financiero liquidando cuanto antes aquellas entidades que resulten inoperantes y entorpezcan y encarezcan de forma innecesaria el proceso de recapitalización (paso ineludible para la normalización de los flujos de crédito).

Como decíamos el otro día, por desgracia todavía no llega la primavera a nuestra economía, aunque depende de nosotros emprender las medidas necesarias para disipar los nubarrones y recuperar la senda del crecimiento sostenido.