Reformas administrativas y nuestro modelo de Estado

En repetidas ocasiones, hemos mencionado algunos de los graves desequilibrios que ha acumulado la economía española durante la etapa expansiva: déficit comercial, pérdida de competitividad generalizada, apalancamiento de hogares y empresas, y el sobre dimensionamiento de algunos sectores, en especial el inmobiliario, pero también el sector público. En efecto, durante el periodo expansivo, la recaudación fiscal ha crecido de forma exponencial en sus principales formas de ingreso con el consiguiente aumento del tamaño del sector público. Como sentenciaba hace unas semanas Juan Rosell en una tribuna en La Vanguardia, ha habido dinero para todo y para todos.

Por ejemplo, en el impuesto de sociedades en 1994 se recaudaron 8.267 millones comparado con los 44.823 que se recaudaron en 2007. La cifra casi se quintuplica en 13 años. Según muchas previsiones, serán menos de 20.000 millones para 2010. Este aumento, de dudosa base, en los ingresos públicos ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto público, tanto en partidas de gasto social como de funcionamiento corriente. En la abundancia, son pocos los que se esfuerzan en hacer una gestión eficiente de los recursos.

Es por eso, que otra de las grandes prioridades de la agenda política ha de ser la reforma y ajuste de nuestras administraciones públicas, para que estas no sean un lastre más en la difícil coyuntura en que nos encontramos. En mi opinión esta reforma tiene dos ejes principales. El primero, hace referencia a la reducción del peso del sector público en nuestras economías lo que exige un compromiso y sacrificio del conjunto de las administraciones (estatal, autonómica, y locales). El modelo de autonomías esta replicando los mismos errores que el Estado central y estamos sobre-regulando la economía con el consiguiente coste que ello supone para los empresarios, en última instancia, los generadores de empleo y riqueza. Sólo un dato: el conjunto de administraciones autonómicas generan cerca de 700.000 páginas en boletines oficiales. El resultado es un marco institucional que resulta disuasorio para la creación de empleo y riqueza.

El segundo eje, sin duda más difícil y complejo, pasa por modificar la estructura en sí del sistema, nuestra Constitución (1978), para que las diferentes regiones tengan los correctos incentivos para gestionar sus economías de manera eficiente. Mientras que el primer eje es necesario para atajar el síntoma, la fiebre, el segundo resulta imprescindible para que esta situación no vuelva a repetirse. En otras palabras, que cure la infección, y que esta tarde en volver hacer acto de presencia. En efecto, en España,  desde los inicios de la transición hemos diseñado un sistema de autonomías que se ha ido configurando en un estado federal sui generis, en donde, salvo las excepciones de País Vasco y Navarra, se ha descentralizado el gasto a las CC.AA. sin que haya recaído sobre estas la responsabilidad de generar los respectivos ingresos fiscales. Es por eso, que nos hace falta valentía para empezar un nuevo proceso de regeneración política que descentralice de forma eficiente el poder hacia las diferentes regiones permitiendo una efectiva competencia entre las mismas (federalismo competitivo, del que hablaré algún día). Esta competencia entre regiones permitiría el ajuste espontaneo y permanente del trinomio gasto/fiscalidad/regulación. El sistema debería premiar a las regiones que ajustasen mejor estos parámetros a los deseos de la población y castigar aquellas regiones que no mantengan una disciplina fiscal ni incorporen un marco institucional favorable a la empresarialidad.

Nuestra Constitución, resulta un tema espinoso a los políticos de todos los partidos, pero también una reforma ineludible si se quiere mejorar la competitividad de nuestra economía en su conjunto, y permitir la competencia entre regiones, tan necesaria en el entorno globalizado e internacional en el que nos encontramos. Sólo así se conseguiría un mínimo de disciplina fiscal al aproximar el poder decisorio al ciudadano. Es tiempo para releerse a James Madison, padre de la Constitución americana, y Alexis de Tocqueville, uno de los que mejor la entendió (ver La democracia en América).

2 Responses to Reformas administrativas y nuestro modelo de Estado

  1. cristian says:

    ai ai ai, Luis, con la Constitución hemos topado. Relaciono el post con el post de Einstein…ojala las crisis sirvieran para reconsiderar las situaciones y recrearlas, transformarlas, mejorarlas. Lamentablemente vivimos en un país profundamente conservador en lo que a sus estructuras y sillas se refiere, aquí nadie va a mover un dedo y si lo hace siempre lo hará mirando al vecino. Y así, sin valentía, es imposible el cambio.

    bueno querido, un saludo enorme, a ver si nos vemos un dia de estos no?

  2. luistorras says:

    Cristian! Sin duda el tema que planteas es fundamental. Al final contra más fuerte es la crisis más fuerte es también el ejercicio de autocrítica interno. De mirarse al espejo y verse las vergüenzas. En este sentido, creo que la crisis será algo positivo si sirve para localizar nuestros graves “errores”, “taras”, y en definitiva mejoras que debemos corregir en nuestro realmente deficitario y obsoleto (en muchos ámbitos) marco institucional. Que al final, a la postre, incluye una modificación sustancial de nuestra Constitución, que entre otras muchas otras cosas, no límita de forma efectiva el poder del gobierno.

    Tenemos que vernos!!! Un abrazo!

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