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Basilea III (2): los pilares de la nueva regulación

El conjunto de normas de regulación financiera internacional es lo que conocemos como Basilea III. Se trata de las directrices básicas que rigen los requisitos de capital para la banca comercial y que se han incrementado y endurecido a raíz de la crisis financiera que ha dejado al descubierto algunas debilidades y fallos de bulto en el sistema financiero internacional. Es por tanto fundamental, conocer el espectro que cubre Basilea III y las implicaciones que se derivan de las nuevas normas de solvencia y liquidez que previsiblemente se empezaran a implementar en 2013 y hasta 2019 (origen de muchos de los movimientos corporativos que previsiblemente veremos en el medio-largo plazo).

El principal punto que trata la nueva regulación financiera es referente a la mejora en la calidad del capital. De un tiempo a esta parte la sofisticación financiera ha hecho más difusa la frontera entre lo que es capital y lo que no: existen productos financieros llamados híbridos debido a su naturaleza cambiante que puede funcionar como capital bajo determinados supuestos y como deuda bajo otros. Es por eso, que el capital de las entidades bancarias ya no es homogéneo si no que incorpora diferentes categorías según su capacidad de absorber pérdidas, por una parte, y por otro parte porqué su cartera de inversiones crediticias incorpora un grado heterogéneo de riesgo. Dejando los tecnicismos de un lado (de los que hablaremos próximamente), el Comité de Basilea ha reforzado la definición de capital, para que este sea de mayor “calidad”, es decir: tenga una mayor capacidad de absorber pérdidas.

Las acciones ordinarias y los beneficios no distribuidos configuran el core capital o capital básico que se convierte en el principal indicador de la solvencia de un banco. Con la mejora en la calidad del capital básico (definición que ahora acepta menos salvedades) el sistema gana notablemente en solidez. Un segundo elemento importante, es el incremento de los requerimientos mínimos de capital de las entidades, llevando el mínimo obligatorio de capital ordinario hasta el 4,5% (más del doble con respecto a Basilea II). El aumento es similar para el resto de ratios de capital de las entidades. La normativa, además, incluye un régimen sancionador para las entidades que no cumplan con los mínimos con exigencias directas por ejemplo en la restricción en el reparto de beneficios hasta que la entidad no haya asumido los niveles mínimos de capital regulatorio.

Ha esta medidas orientadas a mejorar la capitalización de las entidades, el nuevo marco regulatorio incluye medidas adicionales como un factor de apalancamiento ajeno al riesgo (para evitar excesivos ratios de apalancamiento en el futuro para el conjunto del sistema), un “colchón anti-cíclico”, así como una nueva ponderación (más estricta) del capital exigido en productos financieros estructurados, de manera que se traduzcan también en más requisitos de capital. En suma, Basilea III no sólo refuerza los ratios de capital de cada entidad sino que también añade “colchones” adicionales a estos según el grado de apalancamineto y la sofisticación de determinados productos de los que muchas veces ni el regulador financiero tiene visibilidad sobre su riesgo sobre el conjunto del sistema (como se ha visto en la pasada crisis).

El tercer elemento relevante en el nuevo marco de regulación financiera es el que proporciona la llamada visión macro-prudencial que tiene el ambicioso objetivo de hacer frente al riesgo sistémico. Por riesgo sistémico hacemos referencia aquellas alteraciones en el sistema financiero capaces por sí solas de desestabilizar la economía. Los dos principales pilares de la nueva regulación – más y mejor capital –, ya refuerzan la solidez del sistema pero siempre desde una óptica individual para cada banco. Sin embargo, es necesario adoptar también medidas genéricas para el conjunto.  En suma, y como se ha comprobado en la presente crisis, el riesgo total del sistema es superior que la suma de los riesgos individuales de cada entidad (en este apartado ha sido especialmente notable las aportaciones del regulador español).

Para Jaime Caruana, máximo responsable del Banco Internacional de Pagos y ex-Gobernador del Banco de España, Basilea III representa un giro fundamental ya que por primera vez de forma clara el regulador financiero complementa la regulación nivel micro con una dimensión macro prudencial. Esta dimensión macro prudencial se articula en dos pilares fundamentales. Por un lado se enfatiza la acumulación de capital en la fase expansiva del ciclo para poder disponer de él, evitando que los ratios de capital decaigan en los momentos de mayor tensión. Por otro lado, se incorpora una política de “colchón anti-cíclico” que de forma anti-cíclica de manera que el capital quede bloqueado en los momentos de expansión del crédito, cuando el riesgo sistémico se agrava, que podrá liberarse durante las fases bajistas del ciclo para aliviar tensiones y absorber potenciales pérdidas.

Por último, aparte de las medidas limitadoras de prociclicidad, el nuevo marco regulatorio también incluye un tratamiento con respecto a las interconexiones y exposiciones comunes entre instituciones individuales orientadas también a mejorar el tratamiento del riesgo sistémico en el sistema (básicamente medidas de coordinación entre los principales reguladores financieros y bancos centrales). El principio fundamental es asegurar que las normas se calibran con respecto a la contribución de cada institución al riesgo total del sistema en su conjunto.

Estas normas contemplan un calendario de implementación para el periodo 2013-2019, de manera que las entidades puedan captar recursos, capitalizarse y adaptar sus ratios de solvencia al nuevo marco regulatorio (véase FROB o la modificación de la ley de Cajas de Ahorros aprobada en julio). Cabe destacar que Basilea III es un elemento más, fundamental pero no el único. La coordinación decidida entre las principales economías, el no caer en la autocomplacencia, y las importantes reformas estructurales que necesitan muchas economías para recuperar el crecimiento, son aspectos colaterales, pero igualmente fundamentales para facilitar la recapitalización del sistema financiero en su conjunto y que el crédito vuelva a fluir normalmente aspecto fundamental si queremos volver a crecer.

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A vueltas con la reforma laboral

Desde el inicio de la crisis, y de mucho antes, que uno de los temas más recurrentes y de los que se más se ha hablado es el tema de la reforma laboral. Se trata del principal tema de política económica que tenemos encima de la mesa desde hace años y que con el paso de los años nos ha condenado a un mercado de trabajo dual, ineficiente, poco competitivo, caracterizado por tasas de desempleo inusitadamente altas. En las próximas semanas, patronal, sindicatos y Gobierno tendrán que consensuar las nuevas directrices que han de regir las relaciones entre empresarios y trabajadores en el futuro. Conviene por tanto tener claro por qué nos encontramos en esta situación y cuáles son los cambios que cabría esperar para considerar como exitosa una hipotética reforma.

En primer lugar, es necesario tener presente los graves déficits que acumula la economía española en términos de competitividad con respecto a las economías de nuestro entorno. Este déficit tiene su principal reflejo en el déficit por cuenta corriente, todavía en niveles superiores al 4% del PIB pese a la fuerte contracción de la demanda interna que ha sufrido España desde el inicio de la crisis. Conviene tener presente este punto para no caer en comparaciones engañosas en términos de los mal llamados beneficios sociales con otras economías de nuestro entorno, ya que España es un país principalmente endeudado qué, como suele decirse vulgarmente, ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Digo esto por qué una parte fundamental del éxito de nuestra reforma laboral dependerá de las pequeñas dosis de realidad que aporte cada uno de los agentes sociales en la mesa de negociación: la reforma laboral que aquí defendemos tiene muy poco que ver con temas ideológicos y responde básicamente a un esquema lógico y pragmático de adaptar nuestras instituciones laborales al nuevo entorno competitivo en el que nos encontramos.

El déficit de competitividad al que hacíamos referencia al principio, evidencia el hecho de que nuestro tejido productivo tampoco  puede ser objeto de la misma presión fiscal (y presión regulatoria) que nuestros vecinos ricos del norte de Europa (por citar los casos más próximos), ya que dicha equiparación sería un suicidio económico: lastraría, aún más, la competitividad de nuestras empresas y supondría el colapso económico de estas. Conviene tener presente que el marco actual es principalmente herencia del franquismo, cuando España era una economía cerrada, dominada por el paternalismo y tutelaje del Estado (y en dónde los Sindicatos gozan de una relevante sobre protección). Hoy el escenario no puede ser más diferente y resulta por tanto fundamental adaptar las instituciones al nuevo entorno. De hecho, la última modificación sustancial en nuestro mercado de trabajo se remonta a 1994 con la incorporación de los contratos indefinidos por parte del socialista Joaquín Almunia. Este retraso es lo que hace que las reformas sean especialmente dolorosas y urgentes.

El retraso de las reformas se refleja en dos síntomas principales que a su vez reflejan dos grandes dolencias de nuestro mercado de trabajo: alta tasa de desempleo (especialmente preocupante entre los jóvenes), y una fuerte dualidad entre los que están en el mercado laboral y los que quieren acceder a él. Estos síntomas sólo se explican teniendo en cuenta los objetivos que, históricamente, ha tenido el legislador en materia laboral. En efecto, como señalaba Salvador del Rey, uno de los mayores expertos en la materia junto al profesor Joaquín Trigo, en el pasado, el legislador ha regulado el mercado de trabajo siguiendo, principalmente, un criterio de maximización de la protección del empleo y del trabajador. De la misma forma, se ha ignorado por completo cualquier criterio económico o el hecho fundamental de que el empresario es el único que crea riqueza y empleo y que cualquier sociedad que quiera prosperar deberá de crear un marco propicio para el desarrollo de la actividad económica y empresarial. De esta manera, se ha ido encorsetando las relaciones entre empresarios y trabajadores a un marco cada vez más complejo e ineficiente que ha limitado las posibilidades de encaje entre los intereses libres de unos con los otros. Este hecho se ha ido traduciendo en un mercado laboral extremadamente dual, rígido y frágil a la hora de generar empleo de calidad (en la presente crisis ha quedado en evidencia como ante cualquier caída de la actividad económica el único ajuste posible es vía destrucción de empleo).

Teniendo en cuanta lo anterior, y de forma muy sucinta, se deduce que el eje principal de cualquier reforma laboral que persiga la mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de empleo en el largo plazo pasa ineludiblemente por una liberalización paulatina, pero decidida, del mercado de trabajo que incorpore como elemento central la descentralización de la negociación colectiva. En efecto, la descentralización de la negociación colectiva es un elemento fundamental para tener un mercado de trabajo realmente flexible en el que sea posible el libre ajuste entre trabajador y empresario, y que las condiciones de unos con otros se adecuen a la realidad y particularidades de cada empresa, de cada sector, y de cada trabajador. Nuestra realidad empresarial está configurada en su gran mayoría por pequeñas empresas, creadas en su origen por alguien que (casi seguro) había sido trabajador asalariado antes, autónomos, y profesionales independientes que son empresarios en la medida en que sus pequeños negocios y su retribución dependen directamente de sus capacidades, conocimientos técnicos y capital humano en general. Por ende, los trabajadores en nuestras fábricas ya no son obreros, sino en su gran mayoría trabajadores y técnicos cualificados que pueden asociarse de forma libre si así lo consideran para su mejor desarrollo profesional. Es por ello que hoy el discurso de clases o el tutelaje y excesiva regulación por parte del Estado en el ámbito de las relaciones laborales resulta especialmente anacrónico, ridículo y sobretodo extremadamente costoso en términos de generación de empleo.

De la misma forma, para poder adjetivar como exitosa la futura reforma laboral, es necesaria la inclusión de medidas para la desregulación y simplificación del mercado laboral actual. En efecto, en la actualidad, por ejemplo, existen más de 50 modalidades contractuales lo que añade una complejidad innecesaria y un sobre coste regulatorio a nuestras empresas dificultando su actividad económica. Del mismo modo, es conveniente abaratar el despido, para facilitar la contratación, y rebajar las cargas sociales cambiando la concepción actual de la prestación de desempleo por la creación de una “bolsas de ahorro” por trabajador, de manera que cada asalariado se convierte en responsable de como administra sus cargas salariales en casos de desempleo (lo que se ha venido a denominar como “modelo austríaco”). En suma, resulta esencial que el mercado laboral sea un marco incentivador precisamente del trabajo y en dónde se incentive al trabajador a ser responsable de su empleabilidad futura.

Todo lo demás: papel mojado que no nos llevará a buen puerto ni corregirá el déficit competitivo de nuestras empresas. El modelo económico, la naturaleza de nuestras empresas, y la manera de competir en los mercados internacionales han cambiado de forma radical. El cambio a un nuevo modelo productivo del que todos hablamos será el resultado del surgimiento espontáneo en el mercado de nuevas empresas y sectores por parte de los empresarios del futuro. Es tarea de un buen Gobierno facilitar un buen terreno de juego, algunos lo han denominado recientemente como “business friendly”, en el que los empresarios del futuro desarrollen las bases de nuestra economía para los próximos años. Este es el único camino para generar empleo de calidad en el futuro. Por añaduría, la reforma laboral y su prima hermana, la reforma de las pensiones, resultan dos pilares fundamentales para devolver el equilibrio a nuestras maltrechas finanzas públicas y recuperar la credibilidad de la deuda en los mercados financieros.

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