A vueltas con la reforma laboral

Desde el inicio de la crisis, y de mucho antes, que uno de los temas más recurrentes y de los que se más se ha hablado es el tema de la reforma laboral. Se trata del principal tema de política económica que tenemos encima de la mesa desde hace años y que con el paso de los años nos ha condenado a un mercado de trabajo dual, ineficiente, poco competitivo, caracterizado por tasas de desempleo inusitadamente altas. En las próximas semanas, patronal, sindicatos y Gobierno tendrán que consensuar las nuevas directrices que han de regir las relaciones entre empresarios y trabajadores en el futuro. Conviene por tanto tener claro por qué nos encontramos en esta situación y cuáles son los cambios que cabría esperar para considerar como exitosa una hipotética reforma.

En primer lugar, es necesario tener presente los graves déficits que acumula la economía española en términos de competitividad con respecto a las economías de nuestro entorno. Este déficit tiene su principal reflejo en el déficit por cuenta corriente, todavía en niveles superiores al 4% del PIB pese a la fuerte contracción de la demanda interna que ha sufrido España desde el inicio de la crisis. Conviene tener presente este punto para no caer en comparaciones engañosas en términos de los mal llamados beneficios sociales con otras economías de nuestro entorno, ya que España es un país principalmente endeudado qué, como suele decirse vulgarmente, ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Digo esto por qué una parte fundamental del éxito de nuestra reforma laboral dependerá de las pequeñas dosis de realidad que aporte cada uno de los agentes sociales en la mesa de negociación: la reforma laboral que aquí defendemos tiene muy poco que ver con temas ideológicos y responde básicamente a un esquema lógico y pragmático de adaptar nuestras instituciones laborales al nuevo entorno competitivo en el que nos encontramos.

El déficit de competitividad al que hacíamos referencia al principio, evidencia el hecho de que nuestro tejido productivo tampoco  puede ser objeto de la misma presión fiscal (y presión regulatoria) que nuestros vecinos ricos del norte de Europa (por citar los casos más próximos), ya que dicha equiparación sería un suicidio económico: lastraría, aún más, la competitividad de nuestras empresas y supondría el colapso económico de estas. Conviene tener presente que el marco actual es principalmente herencia del franquismo, cuando España era una economía cerrada, dominada por el paternalismo y tutelaje del Estado (y en dónde los Sindicatos gozan de una relevante sobre protección). Hoy el escenario no puede ser más diferente y resulta por tanto fundamental adaptar las instituciones al nuevo entorno. De hecho, la última modificación sustancial en nuestro mercado de trabajo se remonta a 1994 con la incorporación de los contratos indefinidos por parte del socialista Joaquín Almunia. Este retraso es lo que hace que las reformas sean especialmente dolorosas y urgentes.

El retraso de las reformas se refleja en dos síntomas principales que a su vez reflejan dos grandes dolencias de nuestro mercado de trabajo: alta tasa de desempleo (especialmente preocupante entre los jóvenes), y una fuerte dualidad entre los que están en el mercado laboral y los que quieren acceder a él. Estos síntomas sólo se explican teniendo en cuenta los objetivos que, históricamente, ha tenido el legislador en materia laboral. En efecto, como señalaba Salvador del Rey, uno de los mayores expertos en la materia junto al profesor Joaquín Trigo, en el pasado, el legislador ha regulado el mercado de trabajo siguiendo, principalmente, un criterio de maximización de la protección del empleo y del trabajador. De la misma forma, se ha ignorado por completo cualquier criterio económico o el hecho fundamental de que el empresario es el único que crea riqueza y empleo y que cualquier sociedad que quiera prosperar deberá de crear un marco propicio para el desarrollo de la actividad económica y empresarial. De esta manera, se ha ido encorsetando las relaciones entre empresarios y trabajadores a un marco cada vez más complejo e ineficiente que ha limitado las posibilidades de encaje entre los intereses libres de unos con los otros. Este hecho se ha ido traduciendo en un mercado laboral extremadamente dual, rígido y frágil a la hora de generar empleo de calidad (en la presente crisis ha quedado en evidencia como ante cualquier caída de la actividad económica el único ajuste posible es vía destrucción de empleo).

Teniendo en cuanta lo anterior, y de forma muy sucinta, se deduce que el eje principal de cualquier reforma laboral que persiga la mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de empleo en el largo plazo pasa ineludiblemente por una liberalización paulatina, pero decidida, del mercado de trabajo que incorpore como elemento central la descentralización de la negociación colectiva. En efecto, la descentralización de la negociación colectiva es un elemento fundamental para tener un mercado de trabajo realmente flexible en el que sea posible el libre ajuste entre trabajador y empresario, y que las condiciones de unos con otros se adecuen a la realidad y particularidades de cada empresa, de cada sector, y de cada trabajador. Nuestra realidad empresarial está configurada en su gran mayoría por pequeñas empresas, creadas en su origen por alguien que (casi seguro) había sido trabajador asalariado antes, autónomos, y profesionales independientes que son empresarios en la medida en que sus pequeños negocios y su retribución dependen directamente de sus capacidades, conocimientos técnicos y capital humano en general. Por ende, los trabajadores en nuestras fábricas ya no son obreros, sino en su gran mayoría trabajadores y técnicos cualificados que pueden asociarse de forma libre si así lo consideran para su mejor desarrollo profesional. Es por ello que hoy el discurso de clases o el tutelaje y excesiva regulación por parte del Estado en el ámbito de las relaciones laborales resulta especialmente anacrónico, ridículo y sobretodo extremadamente costoso en términos de generación de empleo.

De la misma forma, para poder adjetivar como exitosa la futura reforma laboral, es necesaria la inclusión de medidas para la desregulación y simplificación del mercado laboral actual. En efecto, en la actualidad, por ejemplo, existen más de 50 modalidades contractuales lo que añade una complejidad innecesaria y un sobre coste regulatorio a nuestras empresas dificultando su actividad económica. Del mismo modo, es conveniente abaratar el despido, para facilitar la contratación, y rebajar las cargas sociales cambiando la concepción actual de la prestación de desempleo por la creación de una “bolsas de ahorro” por trabajador, de manera que cada asalariado se convierte en responsable de como administra sus cargas salariales en casos de desempleo (lo que se ha venido a denominar como “modelo austríaco”). En suma, resulta esencial que el mercado laboral sea un marco incentivador precisamente del trabajo y en dónde se incentive al trabajador a ser responsable de su empleabilidad futura.

Todo lo demás: papel mojado que no nos llevará a buen puerto ni corregirá el déficit competitivo de nuestras empresas. El modelo económico, la naturaleza de nuestras empresas, y la manera de competir en los mercados internacionales han cambiado de forma radical. El cambio a un nuevo modelo productivo del que todos hablamos será el resultado del surgimiento espontáneo en el mercado de nuevas empresas y sectores por parte de los empresarios del futuro. Es tarea de un buen Gobierno facilitar un buen terreno de juego, algunos lo han denominado recientemente como “business friendly”, en el que los empresarios del futuro desarrollen las bases de nuestra economía para los próximos años. Este es el único camino para generar empleo de calidad en el futuro. Por añaduría, la reforma laboral y su prima hermana, la reforma de las pensiones, resultan dos pilares fundamentales para devolver el equilibrio a nuestras maltrechas finanzas públicas y recuperar la credibilidad de la deuda en los mercados financieros.

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