El nexo entre Washington y Wall Street ha sido siempre fuerte aunque no en todas las ocasiones ha remado a favor una mayor estabilidad del sistema. Wall Street -lobby como cualquier otro-,  ha ejercido una legítima presión acorde con sus intereses y Washington ha beneficiado a Wall Street con normativas favorables a la concesión de créditos para estimular la demanda y con ello el crecimiento. El historiador Niall Ferguson ha descrito los orígenes de esta relación en un interesante libro The Cash Nexus. Una facilidad de crédito que también ha trabajado para los intereses de Washington al ayudar a hacer frente a la financiación de un déficit acumulado cada vez mayor. Todo esto, además, a costa de devaluar el dólar.

Al margen de las políticas de “easy money” —elemento central de la crisis—, la magnitud de la última crisis financiera también estuvo muy marcada por los excesos del intervencionismo gubernamental en el mercado de crédito para facilitar el acceso a la propiedad a personas con poco ahorro e ingresos por la vía rápida. La hipotecas subprime no pueden entenderse sin el papel que desempeñaron los gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae.

Tanto Freddie como Fannie, hoy nacionalizadas, eran agencias esponsorizadas por el gobierno (GSE) y fueron las que principalmente dieron salida y concentraron la mayor parte del mercado hipotecario subprime. Se trata de instituciones semipúblicas con un férreo control estatal, lo que ya, de por sí, pone en tela de juicio muchos de los diagnósticos que asociaron la crisis a «fallos de mercado». Tras la crisis, su nacionalización supuso un coste de más de 6 billones de dólares.

Fannie Mae fue creada por Roosevelt en 1938 con el objetivo de promover la adquisición de viviendas en Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en un juguete político al servicio del New Deal, paradigma de un modelo intervencionista que aprovechó una grave crisis económica para desembarcar y quedarse para siempre. El historiador William Voegeli, las medidas del New Deal, se idearon como políticas temporales, pero acabaron haciéndose permanentes por el carácter adictivo que tienen las políticas de rentas y lo difícil que es quitar lo que ya se ha dado (Never Enough: America’s Limiless Welfare State, 2010: 91, 149-150).  Tanto mismo sucederá en 2008.

En 1968, con Johnson como presidente, Fannie Mae fue privatizada, aunque mantuvo las privilegiadas relaciones que tenía con la administración y, en particular, con el Departamento del Tesoro. Dos años más tarde, esta vez un republicano, Nixon, retiró las restricciones que impedían a esta organización y su paralela, Freddie Mae, comprar hipotecas corrientes a la vez que mantenían su estatus de empresas avaladas por el gobierno, y que mantendrán hasta su colapso. Se instauraba en el mercado de crédito una especie de capitalismo de Estado —que tanto se suele criticar en el caso de China—, muy opaco, encubierto a través de un aval tácito por parte del mismo, que empujó a estas entidades a asumir un perfil de riesgo totalmente desmesurado.

Fannie Mae y Freddie Mac, en su calidad de entidades avaladas por el Estado, contaban con privilegios especiales. Ambas instituciones estaban exentas de impuestos estatales y locales, contaban con garantías gubernamentales para hacer frente a impagos y, además, se beneficiaban de una línea de crédito directa con el Tesoro a tipos subvencionados, lo que les permitía pagar por las hipotecas más que sus competidores, lo que de paso empujaba estos a comportarse de manera más agresiva o a quedar fuera del mercado.

En 1977, Carter promulgó la Community Reinvestment Act con el objetivo de garantizar la igualdad de resultados —que no la de oportunidades, como sería lo deseable— en el acceso a la vivienda. Se pretendía, así, solucionar por la vía rápida (top-down) un problema complejo que seguramente hubiera demandado diferentes soluciones dependiendo de la casuística particular de cada caso. Sea como fuere, nueva ley forzaba a ambos gigantes hipotecarios a conceder aquellas hipotecas que el mercado se negaba por el bajo rating crediticio del potencial deudor. Aparecían así las primeras hipotecas de alto riesgo o subprime movidas por la presión política al sector bancario para forzar la concesión de crédito.

Evidentemente, existía un órgano regulador, la Office of Federal Housing Enterprise Oversight (Ofheo), creado en 1992 para asegurar la suficiencia de capital, salud financiera y la solvencia de Fannie Mae y Freddie Mac. Su función principal era el control y la supervisión de ambas entidades, evitar pagos excesivos a directivos y regular su funcionamiento. Tenía un presupuesto de 60 millones de dólares y doscientos funcionarios en plantilla, ninguno de los cuales sospechó nada raro hasta pasada la crisis. Joaquín Trigo se encargó de explicarlo maravillosamente bien («Crisis, regulación y mercado», La Vanguardia, 9/11/2008).

En 1995, Bill Clinton introdujo una nueva modificación a la ley de Carter para que estas hipotecas subprime llegaran por igual a las distintas minorías existentes en Estados Unidos. Esto a su vez abrió la puerta para que grupos comunitarios denunciaran por discriminación a las entidades financieras que no prestaran de manera igualitaria a los diferentes grupos raciales. Huelga decir que dicha regulación, como tantas otras durante las últimas dos décadas, y no únicamente en Estados Unidos, suponía una fuerte erosión de los principios tradicionales del imperio de la ley sustituyendo ciudadanos por grupos/lobbies. Un proceso de envilecimiento institucional que ha descrito con brillantez el analista político Charles Murray en un libro fundamental para entender el alcance e implicaciones de la erosión del “rule of law” (Charles Murray, Coming Apart).

Curiosamente (o no), el congresista demócrata Barney Frank —que una vez llegó la crisis se erigió como uno de los salvadores del sistema (véase su papel en el docudrama de Inside Job de Charles Ferguson)— fue uno de los que lanzó más proclamas para favorecer más agresividad en la política crediticia de las agencias esponsorizadas por el gobierno distorsionando los mercados de crédito. En efecto, se alteraba la natural denegación del crédito (principios de prudencia y de salvaguarda de los depósitos) animando (aún más) la especulación del crédito. Más madera al fuego de la burbuja inmobiliaria.

Identificar las fallas del sistema: enajenación de responsabilidad, rescate inevitable

Una vez activada la burbuja resulta muy difícil, por no decir imposible, lograr que alguien “apague la música” (Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton University Press, 2000: 149-153), aunque siempre las hay….

En septiembre de 2003, por las mismas fechas en las que el congresista Frank lanzaba sus arengas para aumentar, aún más, el «crédito ninja», el congresista Ron Paul señalaba los potenciales riesgos de la intervención estatal en el mercado hipotecario y advertía cómo distorsionaba la asignación de capital y que la línea de crédito en nombre del gobierno para garantizar a Fannie Mae y Freddie Mac —una promesa tácita de rescate— era inmoral e inconstitucional. Paul, congresista libertario con gran criterio económico, intuía que se trataba de una promesa de rescate que, dados los incentivos, se acabaría cumpliendo, con el consiguiente traspaso de rentas de los trabajadores a tenedores de deuda de la GSE vía el envilecimiento de la moneda que supone de facto cualquier rescate (véase teoría del ciclo económico),

En 2005, se intentó frenar el descontrol crediticio de ambas agencias, tan políticamente correctas como tóxicas para el normal desarrollo de la economía, siguiendo advertencias del ecléctico Greenspan (cuyas memorias son esenciales para entender la crisis). Con todo, los demócratas bloquearon cualquier iniciativa al respecto desoyendo algunas otras voces que alertaban de la incipiente e imparable burbuja que, por supuesto, causó muchos más daños que beneficios y que el sistema buenista pretendía implantar sin los debidos controles. El mismo Greenspan, conocido por su eclecticismo, reconoce abiertamente en sus memorias, publicadas un año antes de la debacle financiera, que el gobierno estaba interviniendo de manera profunda en el mercado hipotecario en defensa del affordable housing, que estaba provocando un peligroso incremento en el perfil de riesgo:

Estaba al corriente [sobre la política del gobierno con las GSE] de que la relajación en los estándares de concesión de la hipotecas subprime suponía una acumulación de riesgos en el sistema, y de que las subvenciones [del gobierno] para favorecer la propiedad de una vivienda generan distorsiones en el mercado. Pero creía entonces, como ahora, que los beneficios de estas políticas eran superiores a los riesgos asumidos. (Greenspan, 2007: 233).

No hace falta decir que la ratio de propiedad de vivienda en Estados Unidos se incrementó del 64 por ciento en 1994 —porcentaje que se había mantenido estable desde 1980— hasta el 69,2 por ciento, máximo de la serie histórica del censo en 2004. Los préstamos ninja fueron un elemento determinante en este incremento sobre el que no se reflexiono sobre los costes de este incremento (corto placista) a toda costa. Se incrementó en los “indicadores visibles” pero sin tener en cuenta que todo esto se esta edificando sobre una base muy débil.

La sobre-confianza inducida -manufacturada-, que tiene un falso efecto de “gran moderación” (Bernanke) favorece un clima creciente de sobre endeudamiento: a más confianza en mis “ingresos futuros”, mayor será mi propensión a endeudarme (es decir, adelantar en el presente flujos de caja futuros). Lo anterior alteró irremediablemente el funcionamiento normal de los mercados de crédito dando lugar a toda una serie de malas prácticas bancarias generalizadas.

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