Nuevas perspectivas sobre las reformas en China

Esta mañana el premier Li Keqiang ha hecho su tradicional discurso “sobre el Estado de la Nación”. Antes de que estos días extraigamos conclusiones sobre el estado de la coyuntura actual, resulta un momento propicio para tomar algo de perspectiva y reflexionar sobre el estado actual en el que se encuentra su importante proceso de transición económica. Debido a su gran importancia y tamaño, de lo bien o mal que lo haga china depende en gran medida lo bien o mal que nos pueda ir a nosotros.

China está agotando los últimos cartuchos del modelo de crecimiento basado en unos costes laborales excepcionalmente bajos lo que ha permitido a su industria exportadora exprimir al máximo los márgenes de prácticamente todos los sectores industriales acaparando cuota de mercado en prácticamente todos los sectores y segmentos. Este modelo ha perdido cierto fuelle de un tiempo a esta parte por diferentes motivos. El primero de todos, es el propio éxito del modelo: los chinos han dejado de ser “pobres”, y de tener salarios bajos, gracias a los frutos de su propio esfuerzo. Hoy China es una gran potencia exportadora en prácticamente todos los mercados y fruto de ello que también los salarios hayan subido. Otro motivo, es la caída estructural –llega para quedarse– del consumo mundial tras la crisis financiera de 2008. Los mandatarios chinos son muy conscientes del estado de las cosas y de los enormes riesgos que supondría para la economía seguir el curso actual.

Para que una nueva generación de chinos pueda vivir con un crecimiento sostenido del crecimiento y la prosperidad, China deberá cambiar la estructura y composición de su economía en diversos aspectos: cambiar exportaciones por demanda doméstica, una estructura básicamente industrial y manufacturera por una estructura con un mayor peso de los servicios, cambio de inversión a consumo, y finalmente transicionar un modelo de crecimiento alimentado por el binomio crédito/deuda hacia uno con más capital.

La pieza angular para conseguir todo lo anterior siguen siendo las reformas. La principal característica de la economía china –de la que a veces se olvidan muchos analistas – es su aún muy prematuro estadio de desarrollo. Con un PIB per cápita que en 2014 superó por primera vez los 12.000 dólares per cápita, vemos que el país tiene un nivel de desarrollo global muy primario. De hecho podemos decir que hay dos chinas: una desarrollada que cuenta con cerca de 300 millones de personas que configuran sus clases medias y altas; y el resto formado por las de 1.000 millones de personas cuyos ingresos, pese haber crecido de manera vertiginosa en las últimas dos décadas, aún tienen un nivel de vida y de bienestar muy primario. ¿Cómo gobernarlos a todos? Ese es el verdadero gran reto del tándem dirigente Xi-Li.

El complejo entramado de iniciativas al que llamamos por el genérico de reforma, tiene el objetivo último, como así lo han ido reafirmando los diferentes dirigentes del país desde finales de los setenta, de transicionar el régimen comunista y de planificación estatal que caracterizó el paradigma durante la era Maoísta hacia un sistema más de mercado, abierto y en donde el sector privado y las libertades individuales tengan un peso cada vez mayor. La manera y forma de afrontar este reto por parte la élite china no tienen precedentes en la historia y, por el momento constituye un caso de gran éxito. Solo basta poner las cifras encima de la mesa.

¿Qué nos espera para los próximos años? El desarrollo de un modelo industrial no requiere de grandes sofisticaciones institucionales, un mínimo de estabilidad política, apertura al capital extranjero y a los mercados exteriores, así como un mínimo reconocimiento de la propiedad privada para ciertos actores en determinados sectores pueden ser elementos suficientes para que, una economía que partía de una situación inicial paupérrima y dramática (tras los estragos causados por el socialismo chino de Mao), pueda experimentar procesos de rápida convergencia y crecimiento. Es mucho más fácil el modelo de copiar y mejorar a partir de fabricar más barato y exportar el resto del mundo, que un modelo económico basado en el servicio y la innovación en donde se necesitan esquemas aún más dinámicos y abiertos, economías más capitalizadas y con un mayor grado de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada.

En este sentido, las reformas a las que tiene que hacer frente la República Popular son, a juicio de este analista, mucho más ambiciosas y de una mayor profundidad que las acometidas en las tres décadas precedentes. Entre otras muchas, nos encontramos con la compleja y al mismo tiempo ineluctable reforma de los mercados financieros. Esta reforma es imprescindible por varios motivos. En primer lugar, porque es un elemento indispensable para mejorar la eficiencia de las inversiones en China y mejorar el acceso al crédito de las empresas del sector privado. Al mismo tiempo, la reforma financiera permitirá expandir el consumo chino al permitir un mejor retorno al gran ahorro de las familias y las empresas chinas y que, en el sistema actual, queda preso para financiar de manera constante el insolvente tejido de empresas públicas. Por último, la reforma financiera es paso clave y previo a la posterior apertura paulatina de la balanza de capitales de China y la libre fluctuación del yuan. Ambas, condiciones ineludibles para proseguir con la senda del crecimiento sostenido del país.

¿El fin del milagro chino? (Actualidad Económica)

El pasado octubre, la República Popular de China cumplió su 65 aniversario. Pocos países han cambiado tanto, y tan rápido, en estos últimos años. En 1949, cuando Mao proclamó la nueva República, el paisaje que asomaba desde la Ciudad Prohibida no podía ser más desolador, el contraste con el dinamismo y la complejidad de la China actual no puede ser mayor. Tras los sonados fracasos del maoísmo que sumieron durante tres décadas a China en la hambruna y la convulsión, Deng Xiaoping dio un giro copernicano al país que pasó de la autarquía ideológica a la apertura y el pragmatismo; el crecimiento relegó como principal prioridad al dogma de fe marxista. La globalización, el papel creciente de los mercados y el sector privado hicieron el resto de lo que hoy muchos se refieren como “milagro chino”.

Xi Jinping, Presidente, y Li Keqiang, primer ministro, asumían el nuevo liderazgo del imperio chino en marzo de 2012, el último relevo de una nueva dinastía. Se trata de una dinastía marxista, no feudal; una tecnocracia administrativa cuyo relato busca satisfacer, como antaño, el “mandato del Cielo” fuente de legitimidad del antiguo Emperador por la cual el poder adquiere su legitimidad de ejercicio en tanto en cuanto el líder es capaz de garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo. El aniversario coincide con un momento especialmente turbulento para el país que ve como su economía se ralentiza mientras sus estructuras políticas se enfrentan al cáncer de la corrupción endémica que pone en entre dicho el liderazgo del propio Partido Comunista: ¿estamos, pues, ante el fin del milagro chino?

En las últimas décadas, mientras China despertaba en lo económico, las viejas estructuras políticas han seguido inmutables: se ha corregido el rumbo, no se ha cambiado de barco. Los mecanismos de poder establecidos por Mao han sido de gran utilidad a sus sucesores que los han utilizado no para fantasear con el credo marxista sino para liderar el programa de “reforma y apertura” que ha marcado la agenda del país desde finales de los setenta y es base del vertiginoso crecimiento económico de estas tres últimas décadas.

Volviendo al presente, dos ejes articulan la política china: ahondar las reformas y luchar contra la corrupción. Respecto a lo primero, ciertamente, poco se ha hecho. China tiene, por así decirlo, una crisis importante en su cuenta de pérdidas y ganancias: entra menos dinero en el país (se exporta menos) y los márgenes se han ajustado por la caída del consumo global. Sin embargo, su balance sigue siendo solvente, hasta el punto que la nación mantiene una posición de financiadora neta con respecto el resto del mundo. Con todo, resulta evidente que el colchón de ahorro que tenía el país para hacer frente a eventuales crisis se está agotando. Hace falta un nuevo modelo. La élite china se esfuerza por poner el acento en la reforma pero, lo cierto, es que el desarrollo legislativo está siendo más bien pobre. Existen importantes contrapoderes –intereses creados– que obstaculizan el avance de las privatizaciones y las liberalizaciones en mercados clave –como sucedió antaño– lo que hace imprescindible un liderazgo en la cúspide fuerte, capaz de movilizar los cuadros del Partidos aguas abajo para que la política del cambio siga haciendo camino. En cualquier caso, todo sigue estando dentro del guion: la historia reciente de China es la historia hacia la libertad económica, camino que siempre ha sido difícil y no exento de problemas en todos los lugares y en todas las épocas. China, en este sentido, no será diferente.

La República Popular no únicamente debe avanzar en las reformas, sino hacerlo de forma harmoniosa, prudente, siguiendo el precepto chino de “cruzar el río sintiendo las piedras”. Para ello la legitimidad del sistema de poder es esencial para que el liderazgo del Partido no se erosione. Sin liderazgo no hay reformas y no hay liderazgo sin que las estructuras estén debidamente legitimadas. Es aquí donde se cruza la inevitable batalla contra la corrupción –segundo aspecto clave en la agenda política– y que constituye el principal riesgo para con la legitimidad del Partido.

Xi Jinping, un príncipe de la Revolución, como se les llama a los líderes que provienen de familias ilustres que lucharon por recuperar la soberanía de la república, es probablemente el líder que más poder tiene en el Partido desde Deng Xiaoping. De él se han destacado muchas virtudes: inteligente, seguro de sí mismo y poseedor de un gran control de sus emociones, que no deja que interfieran en la toma de decisiones. No es tan carismático como el defenestrado Bo Xilai, pero sí despierta simpatías entre el pueblo chino que ve en él una persona de gran preparación y valiente a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, contra la corrupción. Xi pertenece a una generación de líderes que, muchos de ellos, afrontaron situaciones personales difíciles durante la Revolución Cultural, lo que ha forjado en ellos caracteres férreos, vacunados por completo del populismo comunista.

Xi ha afirmado en diversas ocasiones lucharía contra la corrupción de “tigres y moscas” y así ha sido. Bajo su tutela se han destapado escándalos de toda índole y a todos los niveles. Algunos sólo se entienden en clave política (como el citado caso de Bo Xilai), otros responden a un deseo genuino de limpiar las instituciones y el país y fortalecer el país y que han alcanzado a las más altas esferas de la superestructura: Zhou Yongkang, será el primer antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó juzgado por corrupción. Si el avance de las reformas por sí sólo ya es un reto, la batalla contra la corrupción es un reto aún mayor que plantea dilemas en el frágil equilibro entre lo que conviene al país y lo que conviene al Partido.

En Occidente, la lucha contra la corrupción se consigue con una mejora continuada en base a los principios del imperio de la ley, separación de poderes y un efectivo y continuado autocontrol por cada uno de ellos, muy especialmente por la sociedad civil, auditora última del sistema: cuanto más fuerte es ésta, más sano es el complejo entramado institucional. En un orden social liberal, todos ejercemos, en mayor o menor grado, cierto nivel de contrapoder, contribuyendo a la tensión, en el buen sentido, constante entre gobernante y gobernados. Principios como la libertad de prensa son esenciales para mantener vivos nuestros sistemas democráticos. Así mantenemos a raya y corregimos situaciones de arbitrio, abuso de poder o monopolio del poder estatal y la corrupción es menor. Cuando se producen situaciones de “despiste masivo” y dejamos de fiscalizar al poder o es el Estado el que peligrosamente coloniza demasiados ámbitos de la sociedad civil, el marco de convivencia se hace más frágil, las instituciones quedan presas de los intereses creados y la corrupción mientras la economía se deteriora irremediablemente, como afirma Niall Ferguson en La gran degeneración.

En China, una civilización disfrazada de ‘Estado-Nación’, estos conceptos inherentes a una democracia liberal no existen. No hay separación de poderes, ni imperio de la ley, ni libertad de prensa. El Estado-Partido es quien suple todas estas funciones ostentando un monopolio de poder muy fuerte. Como reza el célebre aforismo de Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.” Este hecho fundamental hace que luchar contra la corrupción implique al mismo tiempo erosionar las estructuras de poder que, como destacábamos antes, resultan imprescindibles para asegurar la gobernabilidad de la nación. En otras palabras, luchar contra la corrupción es imprescindible para salvar el país, pero hacerlo implica torpedear la línea de flotación de la legitimidad del sistema. Cualquier movimiento en falso podría comprometer la transformación histórica que vive el país. Errar la intensidad del tiro podría acabar provocando un naufragio colectivo, un escenario que no interesa ni a China ni al resto del mundo.

Resulta imposible no mencionar la situación política en Hong Kong que reclama a Pekín la elección democrática de sus líderes. La mentalidad autoritaria y uniformadora china cocha con una realidad policroma y compleja donde se mezclan factores políticos, pero también culturales, étnicos y, muy especialmente, históricos. No hay una cuestión más delicada para el gigante asiático que la soberanía sobre su territorio. Muchas de las heridas abiertas durante el llamado “siglo de humillaciones”, cuando el país estuvo sometido a la voluntad de diversas potencias extranjeras, siguen abiertas. Es terreno sensible. El gobierno central no evita hablar de la reforma política y en muchos cenáculos de la capital se discute sobre los pasos a dar para que el régimen avance hacia un sistema, de entrada, más constitucionalista. Sin embargo, la elite dirigente no permitirá, como no lo hizo antaño, que le impongan el tempo ni la agenda, de ahí la fragilidad de la situación. Como señaló el propio Xi Jinping al inicio de su mandato: “Tenemos que arreglar el motor del avión sin perder altura”. Todo un reto para la civilización viva más longeva del planeta.

Notas sobre economía y política española

La racionalidad en la deuda pública es una fuente de fuerza y seguridad. Para ello, el crédito público debe usarse lo menos posible […], hay que evitar las situaciones en las que se acumule la deuda, rehuyendo partidas de gasto, haciendo frente a nuestros gastos por nuestro esfuerzo vigoroso en tiempos de paz, para no de forma irresponsable pasar a la posteridad la carga de la deuda que deberíamos haber hecho frente nosotros mismos. 

George Washington

Al margen de la lectura política, el último debate sobre el Estado de la Nación tuvo un trasfondo básicamente económico. España presenta un cuadro de crecimiento y creación de empleo de seis años consecutivos de penurias. Sin entrar en discusiones políticas, parece un buen momento para señalar algunos puntos sobre el estado de la economía española.

Primero, tanto los indicadores de actividad como de empleo son positivos. En todos los sectores, incluida la construcción, se observan cambios de tendencia que señalan que previsiblemente la crisis ha tocado fondo. Para el primer trimestre de 2015, el crecimiento intertrimestral podría acelerarse hasta el 0,8-0,9%. En 2015, mi estimación es que la economía española crezca un 3% anual.

Aunque la inflación está en terreno negativo (-1,3% en enero), cosa que obsesiona a muchos, lo cierto es que resulta engañoso hablar de deflación cuando las expectativas de los agentes económicos son positivas como reflejan los indicadores de inversión y consumo. Con un petróleo que previsiblemente oscilará por debajo de los 65 dólares durante todo el año, es de esperar un ajuste sensible a la baja del IPC lo que, a juicio de este analista, es positivo al facilitar el ajuste de la economía española.

Los salarios siguen subiendo con moderación (por debajo del 0,6% que establecen los convenios). Este es el principal elemento, junto con la reforma laboral que ha permitido reducir el umbral de crecimiento a partir del cual la economía genera empleo, que explica el buen comportamiento del mercado laboral dadas las circunstancias y las grandes limitaciones de nuestro entramado institucional en temas de empleo. Si como decíamos, se mantiene una moderada caída en los precios, una subida moderada de los salarios facilita mantener ganancias de competitividad con respecto nuestros competidores de la zona euro sin que esto conlleve pérdidas sustanciales en el poder adquisitivo.

Para los dos próximos ejercicios, una rebaja en la presión fiscal sobre el factor trabajo es el último gran elemento que ha de facilitar la actividad económica y la absorción del desempleo. Urge rebajar las cotizaciones sociales sobre el empleo que, con excepción de Francia, son las más elevadas de la Unión Monetaria. Los trabajadores ya han cumplido con su parte al ajustar duramente sus salarios, ahora le toca a la Hacienda pública ayudar a ganar competitividad.

Un elemento sobre el que estar atentos en 2015 es la balanza por cuenta corriente. Durante los años 2000-2007 fue la gran ignorada pese a ser un termómetro muy fiable para medir la fragilidad o solidez del crecimiento. En 2014 cerraremos el año en equilibrio, y en 2015, pese al repunte de las importaciones, ineluctable después de seis años de contención del gasto, el más que previsible buen comportamiento del turismo, hace prever que España cierre el ejercicio 2015 con un ligero superávit. Pero se trata de un equilibrio frágil.

Es importante mantener monitorizado el sector exportador, prueba del algodón de la competitividad de nuestra economía, y ser conscientes de que sería una imprudencia que el Gobierno “delegase” a la coyuntura (que por definición no controla) nuestra recuperación. La agenda reformista debe mantenerse pese al complejo calendario electoral, y esta ha de ir encaminada hacer los mercados más libres, dinámicos y competitivos, el tiempo que las barreras administrativas, burocráticas y fiscales a la actividad económica se reducen.

Son muchas las voces que ahora se alzan para reclamar ambiciosos planes de gasto para que el tejido productivo español se modernice, sea más innovador o gaste más en I+D. El conjunto de este planteamiento, que incluye recetarios “mágicos” de todo tipo, es un error y, al contrario de lo que pretende, entorpece el camino de salida de la crisis. España, con una tasa de paro superior al 23%, pese a una muy baja tasa de actividad en comparación con otros países de su entorno, dista mucho de haber realizado aún un ajuste completo de su economía que le permita mutar sustancialmente de piel. Es importante remarcar que España tendrá el tejido empresarial que quiera que tenga los empresarios españoles. Cualquier intento de planificar “desde arriba” la economía es engañoso, falaz y pernicioso al sembrar la idea en la ciudadanía de que la política puede hacer más por solucionar los problemas de lo que realmente es capaz de conseguir en la práctica. Hay que ser conscientes de que a lo máximo que puede aspirar el sector público con respecto al privado es entorpecer lo menos posible y para conseguir eso la única vía es suponer la menor carga fiscal posible y salvaguardar los principios básicos de un Estado de derecho.

Las prioridades de la economía española han de seguir siendo recuperar competitividad, ajustando los excesos del pasado de la forma más acompasada y justa posible, al tiempo que se reducen los elevados volúmenes de deuda público/privada en un proceso de despalancamiento que aún se prolongará varios ejercicios (previsiblemente hasta 2018). Para facilitar este ineluctable ajuste, el sector público tiene que favorecer, insisto, reformas que aminoren las partidas de gasto público estructural y que permitan realizar rebajas fiscales significativas a las familias y las empresas. De esta forma, los agentes económicos ven mejoradas sus expectativas de futuro y ven como su renta disponible se incrementa lo que aumenta el colchón de estos para dar servicio a la deuda.

Solo reduciendo el binomio deuda/gasto el sector público liberará recursos disponibles para que el sector privado pueda recapitalizarse de manera rápida y estructural. Huelga decir que innovar más o contar con un tejido productivo más sofisticado y de mayor valor añadido no es algo que se pueda imponer “desde arriba” o mediante recetas mágicas como las que hemos escuchado desde diferentes tribunas (último caso con el programa económico de Ciudadanos). Por el contrario, es la consecuencia lógica de los procesos de merado cuando los derechos de propiedad están bien asignados y debidamente protegidos. El marco de incentivos que se genera de manera espontánea en los estados de derecho es lo que permite a las economías desarrolladas (capitalizadas) acometer procesos de inversión y empresas cada vez más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura. Para ello es imprescindible, con carácter previo, contar con una sociedad capitalizada, en donde sus familias y empresas puedan ahorrar.

Ahorro y capital son dos palabras severamente castigadas en España lo que constituye el motivo esencial de la precariedad de nuestro mercado laboral: los políticos han desincentivado enormemente el ahorro de las familias y empresas al tiempo que con una elevada fiscalidad sobre el trabajo y el capital imposibilitan que los jóvenes o las familias de menores ingresos puedan ahorras. Por su parte, los intelectuales mayoritariamente simplifican el análisis a recetarios infantiles y propuestas de corte positivista que, lejos de solventar los problemas, suponen a la larga una carga fiscal añadida para la ya de por si sufrido tejido productivo.

Con todo, las propuestas presentadas por el Presidente del ejecutivo durante el pasado debate sobre el Estado de la Nación avanzan, tímidamente pero avanzan, en la buena dirección. Al margen de las medidas de bonificaciones y cheques (típicas en año electoral y que este analista no comparte, aunque son el mal menor), el Gobierno haría bien en no confiar la recuperación a una coyuntura ciertamente favorable y proseguir con el calendario de reformas que en muchas áreas tiene serios déficits que nos alejan de una convergencia real con Europa.

El principal elemento que amenaza la prosperidad de los dos próximos años es la política y los medios de comunicación. Tanto desde posturas socialdemócratas, como desde nuevos focos tecnocráticos con “pócimas crece pelo” o directamente desde el populismo de la extrema izquierda, se repiten los mismos mantras de manera continuada lo que ha generado un estado en la opinión pública y publicada que en el mejor de los casos nos lleva a un estancamiento económico perpetúo. En suma, se ha generado la idea errónea de que la crisis es una especie de contienda bélica, con buenos y malos, ganadores y perdedores, al tiempo que se ha generado una visión excesivamente negra y apocalíptica, de fin de régimen, que no atiende, a juicio de este analista, a la verdad. La crisis ha hecho ver las vergüenzas de un sector público que durante los años de vino y rosas tapo sus ineficiencias con los estímulos de liquidez constante. Hasta cierto punto normal que un entramado institucional aún joven y frágil se haya visto superado por el tsunami de liquidez que paso por España entre 2000 y 2007 con tasas de interés real negativo.

Pero lo anterior, no se soluciona con nuevos partidos que dicen huir de ideologías confundiendo a la opinión pública. En la base del crecimiento económico están las instituciones; las mejoras institucionales son siempre incrementales –ya se encargó de dar buen testimonio de ellos Tocqueville o Burke – nunca mediante procesos de ruptura como el que plantea el comunismo bolivariano de Podemos o el pseudo-regeneracionismo tecnocrático de Ciudadanos (España no está hoy en 1978 como quiere hacer creer a sus votantes Albert Rivera). Caer en cualquiera de estas dos trampas es un error porque en mayor o menor medida significa perder parte de lo ya conseguido y que se instale (de forma definitiva en España) una retórica –similar a la de la nociva Generación del 98– en el país, la retórica populista/tecnocrática. Al gran coste de la confusión, se le añade el coste de fragmentar el arco parlamentario lo que dificulta la actividad legislativa y no tiene ningún efecto beneficioso a la hora de combatir la corrupción o los déficits institucionales.

Los grandes países de nuestro entorno se caracterizan por tener sistemas políticos bipartidistas, con grandes consensos con respecto a la protección de la propiedad, la vida, la libertad de expresión y la existencia de mecanismos de solidaridad para quién lo necesita, en donde un partido gobierna y el otro hace oposición y en donde la ideología preside la acción política, tiene un peso ya que es lo que permite el debate y clarificar ideas lo que permite que esta también avance con el paso del tiempo y las preferencias sociales en un proceso dinámico de prueba y error. Añadir confusión a este proceso social y político fundamental de manera gratuita, será a la larga muy costoso.

Sin embargo, el consenso sociodemográfico demanda, por lo general, más gasto público como principal vía para solucionar los problemas y las soluciones tecnocráticas fáciles, propias de una democracia joven y una sociedad muy infantilizada como la española, alimentan las nuevas formas políticas que, aunque muchas incorporen muchas practicas ejemplares, serían más eficientes y contribuirían mejor a la regeneración institucional si lo hiciesen desde los grandes partidos mayoritarios y sin renunciar (salida fácil) al vector ideológico. Las ideas son importantes, y en año de elecciones resulta peligroso querer prescindir de ellas.