Notas sobre economía y política española

Al margen de la lectura política, el último debate sobre el Estado de la Nación tuvo un trasfondo básicamente económico. España presenta un cuadro de crecimiento y creación de empleo de seis años consecutivos de penurias. Sin entrar en discusiones políticas, parece un buen momento para señalar algunos puntos sobre el estado de la economía española.

Primero, tanto los indicadores de actividad como de empleo son positivos. En todos los sectores, incluida la construcción, se observan cambios de tendencia que señalan que previsiblemente la crisis ha tocado fondo. Para el primer trimestre de 2015, el crecimiento intertrimestral podría acelerarse hasta el 0,8-0,9%. En 2015, mi estimación es que la economía española crezca un 3% anual.

Aunque la inflación está en terreno negativo (-1,3% en enero), cosa que obsesiona a muchos, lo cierto es que resulta engañoso hablar de deflación cuando las expectativas de los agentes económicos son positivas como reflejan los indicadores de inversión y consumo. Con un petróleo que previsiblemente oscilará por debajo de los 65 dólares durante todo el año, es de esperar un ajuste sensible a la baja del IPC lo que, a juicio de este analista, es positivo al facilitar el ajuste de la economía española.

Los salarios siguen subiendo con moderación (por debajo del 0,6% que establecen los convenios). Este es el principal elemento, junto con la reforma laboral que ha permitido reducir el umbral de crecimiento a partir del cual la economía genera empleo, que explica el buen comportamiento del mercado laboral dadas las circunstancias y las grandes limitaciones de nuestro entramado institucional en temas de empleo. Si como decíamos, se mantiene una moderada caída en los precios, una subida moderada de los salarios facilita mantener ganancias de competitividad con respecto nuestros competidores de la zona euro sin que esto conlleve pérdidas sustanciales en el poder adquisitivo.

Para los dos próximos ejercicios, una rebaja en la presión fiscal sobre el factor trabajo es el último gran elemento que ha de facilitar la actividad económica y la absorción del desempleo. Urge rebajar las cotizaciones sociales sobre el empleo que, con excepción de Francia, son las más elevadas de la Unión Monetaria. Los trabajadores ya han cumplido con su parte al ajustar duramente sus salarios, ahora le toca a la Hacienda pública ayudar a ganar competitividad.

Un elemento sobre el que estar atentos en 2015 es la balanza por cuenta corriente. Durante los años 2000-2007 fue la gran ignorada pese a ser un termómetro muy fiable para medir la fragilidad o solidez del crecimiento. En 2014 cerraremos el año en equilibrio, y en 2015, pese al repunte de las importaciones, ineluctable después de seis años de contención del gasto, el más que previsible buen comportamiento del turismo, hace prever que España cierre el ejercicio 2015 con un ligero superávit. Pero se trata de un equilibrio frágil.

Es importante mantener monitorizado el sector exportador, prueba del algodón de la competitividad de nuestra economía, y ser conscientes de que sería una imprudencia que el Gobierno “delegase” a la coyuntura (que por definición no controla) nuestra recuperación. La agenda reformista debe mantenerse pese al complejo calendario electoral, y esta ha de ir encaminada hacer los mercados más libres, dinámicos y competitivos, el tiempo que las barreras administrativas, burocráticas y fiscales a la actividad económica se reducen.

Son muchas las voces que ahora se alzan para reclamar ambiciosos planes de gasto para que el tejido productivo español se modernice, sea más innovador o gaste más en I+D. El conjunto de este planteamiento, que incluye recetarios “mágicos” de todo tipo, es un error y, al contrario de lo que pretende, entorpece el camino de salida de la crisis. España, con una tasa de paro superior al 23%, pese a una muy baja tasa de actividad en comparación con otros países de su entorno, dista mucho de haber realizado aún un ajuste completo de su economía que le permita mutar sustancialmente de piel. Es importante remarcar que España tendrá el tejido empresarial que quiera que tenga los empresarios españoles. Cualquier intento de planificar “desde arriba” la economía es engañoso, falaz y pernicioso al sembrar la idea en la ciudadanía de que la política puede hacer más por solucionar los problemas de lo que realmente es capaz de conseguir en la práctica. Hay que ser conscientes de que a lo máximo que puede aspirar el sector público con respecto al privado es entorpecer lo menos posible y para conseguir eso la única vía es suponer la menor carga fiscal posible y salvaguardar los principios básicos de un Estado de derecho.

Las prioridades de la economía española han de seguir siendo recuperar competitividad, ajustando los excesos del pasado de la forma más acompasada y justa posible, al tiempo que se reducen los elevados volúmenes de deuda público/privada en un proceso de despalancamiento que aún se prolongará varios ejercicios (previsiblemente hasta 2018). Para facilitar este ineluctable ajuste, el sector público tiene que favorecer, insisto, reformas que aminoren las partidas de gasto público estructural y que permitan realizar rebajas fiscales significativas a las familias y las empresas. De esta forma, los agentes económicos ven mejoradas sus expectativas de futuro y ven como su renta disponible se incrementa lo que aumenta el colchón de estos para dar servicio a la deuda.

Solo reduciendo el binomio deuda/gasto el sector público liberará recursos disponibles para que el sector privado pueda recapitalizarse de manera rápida y estructural. Huelga decir que innovar más o contar con un tejido productivo más sofisticado y de mayor valor añadido no es algo que se pueda imponer “desde arriba” o mediante recetas mágicas como las que hemos escuchado desde diferentes tribunas (último caso con el programa económico de Ciudadanos). Por el contrario, es la consecuencia lógica de los procesos de merado cuando los derechos de propiedad están bien asignados y debidamente protegidos. El marco de incentivos que se genera de manera espontánea en los estados de derecho es lo que permite a las economías desarrolladas (capitalizadas) acometer procesos de inversión y empresas cada vez más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura. Para ello es imprescindible, con carácter previo, contar con una sociedad capitalizada, en donde sus familias y empresas puedan ahorrar.

Ahorro y capital son dos palabras severamente castigadas en España lo que constituye el motivo esencial de la precariedad de nuestro mercado laboral: los políticos han desincentivado enormemente el ahorro de las familias y empresas al tiempo que con una elevada fiscalidad sobre el trabajo y el capital imposibilitan que los jóvenes o las familias de menores ingresos puedan ahorras. Por su parte, los intelectuales mayoritariamente simplifican el análisis a recetarios infantiles y propuestas de corte positivista que, lejos de solventar los problemas, suponen a la larga una carga fiscal añadida para la ya de por si sufrido tejido productivo.

Con todo, las propuestas presentadas por el Presidente del ejecutivo durante el pasado debate sobre el Estado de la Nación avanzan, tímidamente pero avanzan, en la buena dirección. Al margen de las medidas de bonificaciones y cheques (típicas en año electoral y que este analista no comparte, aunque son el mal menor), el Gobierno haría bien en no confiar la recuperación a una coyuntura ciertamente favorable y proseguir con el calendario de reformas que en muchas áreas tiene serios déficits que nos alejan de una convergencia real con Europa.

El principal elemento que amenaza la prosperidad de los dos próximos años es la política y los medios de comunicación. Tanto desde posturas socialdemócratas, como desde nuevos focos tecnocráticos con “pócimas crece pelo” o directamente desde el populismo de la extrema izquierda, se repiten los mismos mantras de manera continuada lo que ha generado un estado en la opinión pública y publicada que en el mejor de los casos nos lleva a un estancamiento económico perpetúo. En suma, se ha generado la idea errónea de que la crisis es una especie de contienda bélica, con buenos y malos, ganadores y perdedores, al tiempo que se ha generado una visión excesivamente negra y apocalíptica, de fin de régimen, que no atiende, a juicio de este analista, a la verdad. La crisis ha hecho ver las vergüenzas de un sector público que durante los años de vino y rosas tapo sus ineficiencias con los estímulos de liquidez constante. Hasta cierto punto normal que un entramado institucional aún joven y frágil se haya visto superado por el tsunami de liquidez que paso por España entre 2000 y 2007 con tasas de interés real negativo.

Pero lo anterior, no se soluciona con nuevos partidos que dicen huir de ideologías confundiendo a la opinión pública. En la base del crecimiento económico están las instituciones; las mejoras institucionales son siempre incrementales –ya se encargó de dar buen testimonio de ellos Tocqueville o Burke – nunca mediante procesos de ruptura como el que plantea el comunismo bolivariano de Podemos o el pseudo-regeneracionismo tecnocrático de Ciudadanos (España no está hoy en 1978 como quiere hacer creer a sus votantes Albert Rivera). Caer en cualquiera de estas dos trampas es un error porque en mayor o menor medida significa perder parte de lo ya conseguido y que se instale (de forma definitiva en España) una retórica –similar a la de la nociva Generación del 98– en el país, la retórica populista/tecnocrática. Al gran coste de la confusión, se le añade el coste de fragmentar el arco parlamentario lo que dificulta la actividad legislativa y no tiene ningún efecto beneficioso a la hora de combatir la corrupción o los déficits institucionales.

Los grandes países de nuestro entorno se caracterizan por tener sistemas políticos bipartidistas, con grandes consensos con respecto a la protección de la propiedad, la vida, la libertad de expresión y la existencia de mecanismos de solidaridad para quién lo necesita, en donde un partido gobierna y el otro hace oposición y en donde la ideología preside la acción política, tiene un peso ya que es lo que permite el debate y clarificar ideas lo que permite que esta también avance con el paso del tiempo y las preferencias sociales en un proceso dinámico de prueba y error. Añadir confusión a este proceso social y político fundamental de manera gratuita, será a la larga muy costoso.

Sin embargo, el consenso sociodemográfico demanda, por lo general, más gasto público como principal vía para solucionar los problemas y las soluciones tecnocráticas fáciles, propias de una democracia joven y una sociedad muy infantilizada como la española, alimentan las nuevas formas políticas que, aunque muchas incorporen muchas practicas ejemplares, serían más eficientes y contribuirían mejor a la regeneración institucional si lo hiciesen desde los grandes partidos mayoritarios y sin renunciar (salida fácil) al vector ideológico. Las ideas son importantes, y en año de elecciones resulta peligroso querer prescindir de ellas.

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