El dilema de regular cuestiones morales

Una de las ventajas de viajar de manera frecuente es el hecho de mantener cierta perspectiva. Si bien cada rincón del globo tiene su música y sus colores, lo cierto es que los extremos del planeta se parecen más de lo que se diferencian. En una cena con economistas, juristas y científicos en Guatemala se me preguntó recientemente y en tanto en que liberal, sobre qué opinión tenía respecto al aborto y la eutanasia. Mi respuesta, que no me atrevería a etiquetar de ningún modo, fue más precisa y rápida de lo que yo hubiera podido pensar.

Como católico, dije, estoy en contra del aborto y de la eutanasia por creer que la vida es un don de Dios y ser decisiones que se extralimitan a la voluntad del hombre. Por eso, añadí, me cuesta imaginar supuestos en los que tomar una decisión en estos términos. Por eutanasia entiendo interrumpir la vida de una persona en condiciones deplorables, no intervenir para mantener las constantes vitales a toda costa de una persona a punto de morir, que aunque hay casos en donde la frontera es difusa desde un punto teórico la distinción es muy relevante. En todo caso, añadí como argumento central de mi respuesta, no me parece que sea un tema en el que los poderes públicos deban intervenir en ningún caso. Yo no abortaría nunca, pero no me parece justo prohibir el aborto a quién lo quiera practicar. De hecho, me parece una situación tan sumamente trágica y dura, que me pienso que el hecho de hacer esta situación punible es añadir más dolor a una situación ya de por si triste.

Ahora bien, las instituciones del derecho están concebidas para proteger la vida. Por eso mismo tampoco estoy a favor de cualquier disposición normativa con el objetivo de “legalizar” ninguna de estas dos prácticas bajo ningún listado de “supuestos” aprobados por un parlamento. Tratar de regular positivamente sobre cuestiones morales es un terreno muy pantanoso que solo sirve para polarizar las sociedades; tratar de poner normas con listados de supuestos legales y supuestos ilegales es pretender coger agua con las manos. Cualquier disposición normativa que se haga al respecto siempre será incompleta, sesgada, y generará agravios en unos u otros por querer imponer una moral determinada que, por definición, nunca será compartida por la totalidad del conjunto con lo que será tendremos una fuente de conflicto constante. Lo más razonable, argumenté, es despenalizar –como seguramente sería la mejor solución con el tema de las drogas– estas prácticas para no añadir sufrimiento a una situación, ya de por sí, dramática. Algo similar a lo que ha ido sucediendo con el suicidio. Durante siglos, y en muchos países, estuvo penalizado por ley, de manera que los familiares de la persona que se suicidaba –además del trance sufrido–, tenían que hacer frente a duras sanciones por ser este un acto punitivo. Este entramado legal cumplía con el objetivo de disuadir a las personas de este comportamiento y proteger la vida.

Sin embargo, mi oposición más firme a los postulados, tanto de la izquierda como de la derecha, que pretenden regular de manera positiva estos asuntos es porque detrás de estas reglas no se esconde una genuina voluntad de resolver un hipotético conflicto social (que por otro lado surge precisamente cuando se intenta desde algún extremo imponer un credo), sino por querer diluir la responsabilidad individual que implica tomar cualquiera de estas decisiones haciendo al conjunto de la sociedad “cómplice” de la misma. En efecto, estas leyes lo que buscan es legitimar comportamientos disfrazándolos de “legales” bajo disposiciones normativas arbitrarias. De esta forma, podemos tomar ciertas decisiones sin tener que asumir la totalidad de la responsabilidad y, de existir, de culpa y remordimiento por la decisión tomada ya que, esta quizás se encuadra en un supuesto legal. El coste de lo anterior es el debilitamiento institucional –hacemos depender la moral de la coyuntura y los equilibrios parlamentarios que puedan existir en un momento dado– y envilecemos el conjunto de la sociedad homogeneizando valores.

Cualquier sociedad que quiera considerarse moralmente tensionada y libre debería abstenerse, con independencia de su credo, fe o ideología, de imponer de manera arbitraria normas concernientes a la moral y la autonomía de las personas.

Por última, huelga recordar que únicamente las sociedades normativas, en contraposición al modelo positivo, son las que permiten que las personas se equivoquen (en el sentido más amplio de la palabra) lo que permite el aprendizaje y el avance del conjunto, también el ámbito moral donde, precisamente la evolución y el desarrollo de las sociedades ha tendido a traducirse en un cada vez mayor respeto por la vida y la autonomía personal. Legalizar lo que es una situación penosa no solventa ningún problema y tiene el gran costo de devaluar al conjunto: si alguien considera que ha de abortar que aborte, pero sin obligar al conjunto de la sociedad a legitimar sus actos. Solo así aprendemos, solo así una sociedad, con la multitud de principios morales que están en constante competencia, puede fortalecer aquellos que mejor funcionan, que nos hacen más libres y que nos hacen avanzar como civilización. Sin responsabilidad individual no hay civilización posible. Si queremos favorecer una convivencia pacífica, dejemos de colectivizar problemas y diluir responsabilidades.

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