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La reforma de nuestro sector público

España acumula una larga serie de desequilibrios de la etapa expansiva: déficit comercial, pérdida de competitividad generalizada, apalancamiento de hogares y empresas, y el sobre dimensionamiento de algunos sectores, en especial el inmobiliario, pero también el sector público. La borrachera del crédito tuvo sus efectos en la recaudación fiscal que creció de forma exponencial alimentando las fantasías de nuestros políticos que veían que había dinero para todo y para todos.

Basta señalar el aumento exponencial registrado en la recaudación del impuesto de sociedades para darse cuenta de la magnitud de la burbuja crediticia. En 1994 se recaudaron 8.267 millones por concepto de dicho impuesto comparado con los 44.823 que se recaudaron en 2007. La cifra casi se quintuplica en 13 años. Según muchas previsiones, serán menos de 20.000 millones para 2010. Como era de esperar, este aumento en los ingresos públicos ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto público, tanto en partidas de gasto social como de funcionamiento corriente. En la abundancia, son pocos los que se esfuerzan en hacer una gestión eficiente de los recursos.

En este sentido, otra de las grandes reformas pendientes es la una reforma profunda y global de nuestras administraciones públicas, para que nuestro sector público no se convierta en un lastre añadido para nuestra recuperación futura. En opinión de este analista dicha reforma tendría dos ejes principales: gastar menos y gastar mejor. Para el primero resulta esencial reducir el peso del sector público en nuestra economía. Esta reducción en el gasto exige un compromiso de disciplina presupuestaria y consolidación fiscal de todas las administraciones (estatal, autonómica, y local). Resulta esencial reducir las partidas corrientes, el tamaño de las administraciones, y reducir el número de funcionarios que se ha venido multiplicando de forma exponencial durante la etapa expansiva.

Por otro lado, no sólo se trata de gastar menos, sino se trata de gastar mejor. En este sentido, nuestras administraciones públicas tienen que perder peso, mientras mejoran su eficiencia y en orientación a resultados. En este punto resulta especialmente importante la introducción de mecanismos de mercado en las grandes partidas de gasto de nuestro Estado del Bienestar: sanidad, pensiones, educación y desempleo. Los mecanismos de mercado lejos de ir en contra de la calidad de los servicios o poner en duda la universalidad de los mismos, añadirían disciplina al gasto y mejorarían la asignación de recursos disponibles.

Aligerar las necesidades de financiación del Estado resulta esencial en el contexto actual en el que nuestras finanzas públicas y su solvencia futura están en tela de juicio en los mercados internacionales. Por añaduría, sólo devolviendo el equilibrio presupuestario a las cuentas públicas de la nación y aplicando medidas liberalizadoras a nuestra economía que podremos empezar hablar de recuperación o algo que se le parezca.

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El problema es la capacidad de repago

En la actualidad existe el debate, muchas veces mal orientado, de si España es una economía comparable a la de Portugal, Grecia o Irlanda (esta última en vías de recuperación). Si bien es cierto, que España mantiene todavía unos ratios moderados, sobretodo con respecto a su endeudamiento, el riesgo que están descontando los mercados financieros, y que hace que muchas veces a España se la meta en el mismo saco que Grecia, no viene tanto de un apalancamiento excesivo, sino de una duda razonable sobre su capacidad de repago.

En suma, en cualquier operación financiera el análisis fundamental que realizará el prestamista es un análisis de la capacidad de repago del deudor. En este sentido, es importante conocer las fuentes de ingresos y gastos y poder determinar la capacidad de repago de la deuda. Los planes del gobierno no han sabido transmitir tranquilidad ni solvencia por ningún lado. Por un lado, el inmovilismo del gobierno en cuanto a reformas estructurales se refiere – condición sine qua non para reemprender la senda del crecimiento sostenido –, están retardando nuestra recuperación siendo, hoy por hoy, el letargo el escenario más plausible para nuestra economía en los próximos años, lo que debilita las proyecciones de generar ingresos en el corto y medio plazo.

A esta muy limitada capacidad de generar ingresos (letargo económico), se unen unas fuertes necesidades de financiación fruto bien de los mal llamados planes de estímulo impulsados por el Gobierno, así como el gasto derivado de los estabilizadores automáticos. Nuevamente, la falta de valentía y determinación a la hora de emprender reformas de calado que permitiese una reactivación de la economía, y por lo tanto liberar recursos de las finanzas públicas, esta restando credibilidad a los planes de austeridad del gobierno. Si ha esto sumamos la dificultad de aligerar el sector público y cortar la hemorragia de gasto público, parece una quimera que España pueda devolver el equilibrio presupuestario a los niveles del pacto de Estabilidad en 2013.

Sólo una reforma profunda de nuestro mercado laboral, que permitiese un rápido ajuste de los salarios (y no un ajuste vía el despido masivo como ahora ha pasado), permitiría a nuestra economía recuperar parte de la competitividad pérdida durante los años de borrachera crediticia sin repercutir negativamente sobre las finanzas públicas, y por añaduría en el conjunto del sistema financiero. A esta reforma del mercado de trabajo, es especialmente apremiante, un verdadero plan de contingencia fiscal que devuelva el equilibrio presupuestario de la nación y no siga hipotecando nuestra recuperación con previsibles subidas de impuestos en el corto y medio plazo que sólo alargarían el letargo económico. Sólo así recuperaremos nuestra competitividad. Sólo así volveremos a reemprender la senda del crecimiento sostenido. Sólo disiparemos las dudas sobre nuestra capacidad de repago de nuestra deuda.

Más burbujas

Las alternativas son 20 por ciento de desempleo en la economía durante seis meses, o 10 por ciento de desempleo durante tres años.

F.A. Hayek

Todavía no hemos digerido las distorsiones de la burbuja en el sector inmobiliario fruto de los perversos incentivos de la política monetaria orquestada por los bancos centrales, que ya queremos meternos en otra. En efecto, el ejecutivo socialista ha decidido que como el mercado no compra coches eléctricos es el momento para apoyar dicha industria con un plan de 590 millones de Euros (no hay para pagar las pensiones, pero si coches eléctricos).

Dicho plan tiene una multitud de contra indicaciones para nuestra ya maltrecha economía. En primer lugar, dicho plan debilitará, aún más, las finanzas de la nación. Al final, el coste del presunto impulso (nadie nos garantiza que vayamos a ser potencia mundial de coches eléctricos de aquí dos años) es de casi 8.500 EUR por contribuyente a repartir en los próximos dos años. En efecto, esto tendrá que ser financiado con impuestos futuros provenientes del tejido productivo. De esta forma, penalizamos aquellas partes de la economía que podrían ser realmente “brotes verdes” de recuperación, añadiría sostenible, para darles un palo más mientras inflamos un sector del que no sabemos nada, y que probablemente sólo se sostenga mientras reciba inyecciones de dinero público (que irán a parar a las manos de los de siempre) con cargo al contribuyente.

Tampoco está claro que sea más ecológico un coche eléctrico, ya que el coste medioambiental de la fabricación de las baterías y de la generación eléctrica que hace falta compensan las emisiones de CO2 por otras vías, siendo una manera, hoy por hoy, muy poco eficiente de moverse (al final lo más ecológico es ir a pie, o no ir y llamar por teléfono, o transporte público, o el coche. De hecho, ni Zapatero ni sus ministros contemplan en su plan utilizar el coche eléctrico como coche oficial). También resulta elevado el coste de recursos adicionales que se han dedicar a esta industria: sistemas de enchufes, técnicos especializados y un largo etcétera. Todos ellos, como ahora veremos, recursos materiales y humanos que podrían ser empleados en industrias orientadas a necesidades que realmente fuesen demandadas por el mercado.

Como siempre el coste es doble (recordemos el marco conceptual de análisis de Bastiat). Por un lado está la carga añadida de presión fiscal al sistema (que por otro lado, es lo último que necesitamos ahora). Y por otro lado, tenemos el efecto, aún más perverso si cabe, que es el coste de oportunidad implícito que dichos planes tienen sobre la economía productiva. En efecto, por cada empleo generado en una industria protegida o subvencionada, ya sean los choches eléctricos o las renovables, tiene un coste en términos de reducción de empleo potencial en otras áreas de la economía. Con el agravante de qué mientras que la economía productiva y de mercado es sostenible porque se sustenta sobre necesidades reales, los puestos generados en base a estímulos fiscales duran lo que dura el estímulo convirtiendo dichos planes de gasto público en juegos de suma negativa.

En un entorno de recursos escasos, sólo la disciplina de las dinámicas del mercado son capaces de discernir el orden de necesidades y prioridades de los consumidores y dirigir dichos recursos hacia aquellos fines que son más productivos. Seguramente consigamos que se innove en el campo de los coches eléctricos si se invierten 175 millones (como dice el plan) en I+D en proyectos relacionados. El tema está, en qué esos 175 millones de EUR hubiesen sido gastados, o invertidos, o ahorrados, en asuntos considerados por el conjunto de la ciudadanía como más prioritarios. En nuestra actual coyuntura, necesitamos liberalizar mercados (empezando por el de trabajo), fomentar el ahorro (privado y público), cortar la hemorragia del gasto público, y reducir el tamaño de las administraciones públicas. El nuevo plan de Zapatero va completamente en la dirección opuesta y constituye una patada en los riñones a nuestra débil y frágil economía. Nuevamente, un paso en falso hacía la que puede ser la próxima gran burbuja, la burbuja de la sostenibilidad.

El buen gobierno

A wise and frugal Government, which shall restrain men from injuring one another, shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned. This is the sum of good government.

Thomas Jefferson

Reformas administrativas y nuestro modelo de Estado

En repetidas ocasiones, hemos mencionado algunos de los graves desequilibrios que ha acumulado la economía española durante la etapa expansiva: déficit comercial, pérdida de competitividad generalizada, apalancamiento de hogares y empresas, y el sobre dimensionamiento de algunos sectores, en especial el inmobiliario, pero también el sector público. En efecto, durante el periodo expansivo, la recaudación fiscal ha crecido de forma exponencial en sus principales formas de ingreso con el consiguiente aumento del tamaño del sector público. Como sentenciaba hace unas semanas Juan Rosell en una tribuna en La Vanguardia, ha habido dinero para todo y para todos.

Por ejemplo, en el impuesto de sociedades en 1994 se recaudaron 8.267 millones comparado con los 44.823 que se recaudaron en 2007. La cifra casi se quintuplica en 13 años. Según muchas previsiones, serán menos de 20.000 millones para 2010. Este aumento, de dudosa base, en los ingresos públicos ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto público, tanto en partidas de gasto social como de funcionamiento corriente. En la abundancia, son pocos los que se esfuerzan en hacer una gestión eficiente de los recursos.

Es por eso, que otra de las grandes prioridades de la agenda política ha de ser la reforma y ajuste de nuestras administraciones públicas, para que estas no sean un lastre más en la difícil coyuntura en que nos encontramos. En mi opinión esta reforma tiene dos ejes principales. El primero, hace referencia a la reducción del peso del sector público en nuestras economías lo que exige un compromiso y sacrificio del conjunto de las administraciones (estatal, autonómica, y locales). El modelo de autonomías esta replicando los mismos errores que el Estado central y estamos sobre-regulando la economía con el consiguiente coste que ello supone para los empresarios, en última instancia, los generadores de empleo y riqueza. Sólo un dato: el conjunto de administraciones autonómicas generan cerca de 700.000 páginas en boletines oficiales. El resultado es un marco institucional que resulta disuasorio para la creación de empleo y riqueza.

El segundo eje, sin duda más difícil y complejo, pasa por modificar la estructura en sí del sistema, nuestra Constitución (1978), para que las diferentes regiones tengan los correctos incentivos para gestionar sus economías de manera eficiente. Mientras que el primer eje es necesario para atajar el síntoma, la fiebre, el segundo resulta imprescindible para que esta situación no vuelva a repetirse. En otras palabras, que cure la infección, y que esta tarde en volver hacer acto de presencia. En efecto, en España,  desde los inicios de la transición hemos diseñado un sistema de autonomías que se ha ido configurando en un estado federal sui generis, en donde, salvo las excepciones de País Vasco y Navarra, se ha descentralizado el gasto a las CC.AA. sin que haya recaído sobre estas la responsabilidad de generar los respectivos ingresos fiscales. Es por eso, que nos hace falta valentía para empezar un nuevo proceso de regeneración política que descentralice de forma eficiente el poder hacia las diferentes regiones permitiendo una efectiva competencia entre las mismas (federalismo competitivo, del que hablaré algún día). Esta competencia entre regiones permitiría el ajuste espontaneo y permanente del trinomio gasto/fiscalidad/regulación. El sistema debería premiar a las regiones que ajustasen mejor estos parámetros a los deseos de la población y castigar aquellas regiones que no mantengan una disciplina fiscal ni incorporen un marco institucional favorable a la empresarialidad.

Nuestra Constitución, resulta un tema espinoso a los políticos de todos los partidos, pero también una reforma ineludible si se quiere mejorar la competitividad de nuestra economía en su conjunto, y permitir la competencia entre regiones, tan necesaria en el entorno globalizado e internacional en el que nos encontramos. Sólo así se conseguiría un mínimo de disciplina fiscal al aproximar el poder decisorio al ciudadano. Es tiempo para releerse a James Madison, padre de la Constitución americana, y Alexis de Tocqueville, uno de los que mejor la entendió (ver La democracia en América).