El retorno de los chamanes: por una política “antifrágil”

Las personas tenemos, irremediablemente, y con independencia de cualquier circunstancia, una mayor predisposición por lo simple que por lo complejo; por lo inmediato con respecto al largo plazo. Esta idea tan sencilla ayuda a comprender en gran medida las reacciones a la crisis en España y otros países desde 2008, tanto en el ámbito económico y político. Víctor Lapuente, doctor en ciencias políticas por Oxford y con masters en gestión pública en la UAB, UPF y ESADE, desafía esta tesis, como un cohete espacial desafía la gravedad terrestre, en su fantástico libro El retorno de los chamanes (Península, 2015). El libro se diferencia mucho de cualquiera de los muchos volúmenes que han surgido tras la crisis, en su gran mayoría compendios infinitos de recetarios y formulas mágicas para todos los gustos (más aún si son del ámbito de la política), poniendo en tela de juicio la vieja división entre derecha-izquierda y plantea un relato en base a dos nuevos polos que rompen por el eje los esquemas tradicionales y que resultan mucho más reveladores para entender lo que sucede y por qué.

Lapuente nos habla de la política del “chamán” y la contrapone a la política de la “exploradora”; de manera similar a como el gran filósofo neopopperiano Nassim Taleb organiza su última gran obra (llamada ya a convertirse en un auténtico clásico) entre “frágil” y “antifrágil”. De hecho el libro de Lapuente transcurre en algunos de sus pasajes por los mismos senderos que los transitados por Taleb en sus obras.

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La gran virtud del libro de Lapuente (que también destaque de otro libro excelente: La economía a la intemperie de Andrés González y Rocío Orsi) es la actitud científica con la que aborda todos los temas; y relacionado con la actitud científica esta la virtud de la humildad. Aunque parezca un contra sentido, lo normal, cuando se ejerce la ciencia con solvencia es que cuanto más sabemos de un tema, más tomemos consciencia de lo mucho que ignoramos y lo poco que sabemos. El conocimiento debería de hacernos más humildes, pero en la práctica sucede lo contrario: nos suele hacer más arrogantes y más reticentes a ceder en nuestros postulados (pondría algunos ejemplos claros con nombres y apellidos pero apelaré a la imaginación del lector).

Esto que podría parecer lógico es la excepción a la norma y es justo lo que pone en tela de juicio el autor cuando habla de la “política de los chamanes”: la política que exhortan expertos y catedráticos desde la distancia, dividiendo a las sociedades y paralizando el progreso. La política de las vaguedades, en donde “la democracia es la nueva religión y el Estado el nuevo Dios”. Todo va de “asaltar al cielo” o “democratizar derechos” (consignas que repite Pablo Iglesias o Ada Colau, dos de los chamanes modernos más ilustres, cada vez que alguien les pone un micro delante). Cualquier grandilocuencia que sirva para atesorar el poder y evitar el debate serio sirve.

Ante la política de grandes expectativas y grandes esperanzas y que solo genera grandes frustraciones, Lapuente defiende la política incrementalista, la política pequeña, la que no da titulares en prensa, la que se basa en hechos y no en dogmas, la política concreta que no se escuda en vaguedades, la política que resulta medible y fiscalizable por los ciudadanos, la política, en definitiva, que SÍ PUEDE (de manera efectiva, dicho con toda la intención) marcar la diferencia entre el progreso o el envilecimiento institucional y social. Al final la gran consecuencia de la política del chamán, es la politización de toda la vida pública, de las instituciones, de los cargos, de las prensa, de cualquier organismo, ya sea público o semi-público, y con dicha politización el conflicto social y la parálisis económica.

El ensayo esta escrito de una manera ágil donde los argumentos se suceden de manera lógica y convincente. Destacaré un par de pasajes que me han resultado especialmente reveladores. El primero es como Lapuente analiza el largo deterioro desde 1898 hasta la Guerra Civil, como España escogió el camino de la política de chamanes (con personajes como Ortega, Azaña o Largo Caballero a la cabeza), y como contrapone el caso español con el caso sueco. Otro pasaje que ayuda a clarificar perfectamente las tesis y mensajes del autor es el capítulo en donde se desmenuza la mitología nórdica que permite entender que es Estatismo y que no, que es buena política y que es política de chamanes. Revelador.

El libro propone un recorrido extenso que va de la España actual al modelo nórdico, pasando por China (la actual y la imperial), Sudáfrica, Venezuela, el caso de Singapur y el de Jamaica, el análisis del modelo californiano de referéndums, los populismos en Europa y la complejidad llevada al paroxismo de sus instituciones, la regulación de las drogas o el problema de prohibir o no prohibir la prostitución. Cada uno de los temas es explorado desde diferentes ángulos nunca llevándose por el apriorismo del dogma, sino con la guía de los hechos, como un explorador en una selva, al igual que un ciego caminando equipado con un bastón. Para ello el autor se apoya en primeras espadas del mundo intelectual como el ya citado Nassim Nicholas Taleb, pero también el filósofo de referencia para los liberales y gran estudioso del método de las ciencias sociales, Karl Popper (su libro La misteria del historicismo” ha recuperado vigencia en esta última década, si es que la dejo de tener en algún momento), Adam Smith (del que el autor realiza una síntesis brillante de sus tesis), Diedre McCloskey, Benito Arruñada, William Easterly, Joel Mokyr, Daron Acemoglu, el historiador Gregory Clark (autor del bestseller A Farewell to Alms, muy recomendable), o Avner Greif uno de los que más y mejor ha analizado el fenómeno de las instituciones informales.

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La obra se convierte en una crítica demoledora a los proto-Napoleones (en feliz expresión del propio autor) como Pablo Iglesias (el de “hay que democratizar la economía por que no hay economía sin derechos”; no pueden decirse más vaguedades sin sentido en una misma frase) por poner solo el caso más evidente, resultando también demoledor para toda una “casta” intelectual que vive de opinar pero que, como bien identifica Lapuente apoyándose en la idea de Taleb de “skin in the game”, opinan sin jugarse su prestigio o sin ningún tipo de coste si tienen o no razón, si contribuyen o no a clarificar el debate o justamente a todo lo contrario.

En definitiva un ensayo a leer con el lápiz de subrayar en la mano, que invita a la reflexión seria sobre como queremos que sea la política en el siglo XXI y en donde subyace la verdad última de que si realmente queremos que nuestras sociedades e instituciones funcionen mejor la respuesta, sobre todo, esta en nuestra interior, ya que de nosotros depende reprimir la “chamán” que todos llevamos dentro, no dejarnos guiar por la indignación sino contribuir a templar el debate, sabiéndonos guiar por la verdad de los hechos y no por mitos o prejuicios.

Notas sobre economía y política española

La racionalidad en la deuda pública es una fuente de fuerza y seguridad. Para ello, el crédito público debe usarse lo menos posible […], hay que evitar las situaciones en las que se acumule la deuda, rehuyendo partidas de gasto, haciendo frente a nuestros gastos por nuestro esfuerzo vigoroso en tiempos de paz, para no de forma irresponsable pasar a la posteridad la carga de la deuda que deberíamos haber hecho frente nosotros mismos. 

George Washington

Al margen de la lectura política, el último debate sobre el Estado de la Nación tuvo un trasfondo básicamente económico. España presenta un cuadro de crecimiento y creación de empleo de seis años consecutivos de penurias. Sin entrar en discusiones políticas, parece un buen momento para señalar algunos puntos sobre el estado de la economía española.

Primero, tanto los indicadores de actividad como de empleo son positivos. En todos los sectores, incluida la construcción, se observan cambios de tendencia que señalan que previsiblemente la crisis ha tocado fondo. Para el primer trimestre de 2015, el crecimiento intertrimestral podría acelerarse hasta el 0,8-0,9%. En 2015, mi estimación es que la economía española crezca un 3% anual.

Aunque la inflación está en terreno negativo (-1,3% en enero), cosa que obsesiona a muchos, lo cierto es que resulta engañoso hablar de deflación cuando las expectativas de los agentes económicos son positivas como reflejan los indicadores de inversión y consumo. Con un petróleo que previsiblemente oscilará por debajo de los 65 dólares durante todo el año, es de esperar un ajuste sensible a la baja del IPC lo que, a juicio de este analista, es positivo al facilitar el ajuste de la economía española.

Los salarios siguen subiendo con moderación (por debajo del 0,6% que establecen los convenios). Este es el principal elemento, junto con la reforma laboral que ha permitido reducir el umbral de crecimiento a partir del cual la economía genera empleo, que explica el buen comportamiento del mercado laboral dadas las circunstancias y las grandes limitaciones de nuestro entramado institucional en temas de empleo. Si como decíamos, se mantiene una moderada caída en los precios, una subida moderada de los salarios facilita mantener ganancias de competitividad con respecto nuestros competidores de la zona euro sin que esto conlleve pérdidas sustanciales en el poder adquisitivo.

Para los dos próximos ejercicios, una rebaja en la presión fiscal sobre el factor trabajo es el último gran elemento que ha de facilitar la actividad económica y la absorción del desempleo. Urge rebajar las cotizaciones sociales sobre el empleo que, con excepción de Francia, son las más elevadas de la Unión Monetaria. Los trabajadores ya han cumplido con su parte al ajustar duramente sus salarios, ahora le toca a la Hacienda pública ayudar a ganar competitividad.

Un elemento sobre el que estar atentos en 2015 es la balanza por cuenta corriente. Durante los años 2000-2007 fue la gran ignorada pese a ser un termómetro muy fiable para medir la fragilidad o solidez del crecimiento. En 2014 cerraremos el año en equilibrio, y en 2015, pese al repunte de las importaciones, ineluctable después de seis años de contención del gasto, el más que previsible buen comportamiento del turismo, hace prever que España cierre el ejercicio 2015 con un ligero superávit. Pero se trata de un equilibrio frágil.

Es importante mantener monitorizado el sector exportador, prueba del algodón de la competitividad de nuestra economía, y ser conscientes de que sería una imprudencia que el Gobierno “delegase” a la coyuntura (que por definición no controla) nuestra recuperación. La agenda reformista debe mantenerse pese al complejo calendario electoral, y esta ha de ir encaminada hacer los mercados más libres, dinámicos y competitivos, el tiempo que las barreras administrativas, burocráticas y fiscales a la actividad económica se reducen.

Son muchas las voces que ahora se alzan para reclamar ambiciosos planes de gasto para que el tejido productivo español se modernice, sea más innovador o gaste más en I+D. El conjunto de este planteamiento, que incluye recetarios “mágicos” de todo tipo, es un error y, al contrario de lo que pretende, entorpece el camino de salida de la crisis. España, con una tasa de paro superior al 23%, pese a una muy baja tasa de actividad en comparación con otros países de su entorno, dista mucho de haber realizado aún un ajuste completo de su economía que le permita mutar sustancialmente de piel. Es importante remarcar que España tendrá el tejido empresarial que quiera que tenga los empresarios españoles. Cualquier intento de planificar “desde arriba” la economía es engañoso, falaz y pernicioso al sembrar la idea en la ciudadanía de que la política puede hacer más por solucionar los problemas de lo que realmente es capaz de conseguir en la práctica. Hay que ser conscientes de que a lo máximo que puede aspirar el sector público con respecto al privado es entorpecer lo menos posible y para conseguir eso la única vía es suponer la menor carga fiscal posible y salvaguardar los principios básicos de un Estado de derecho.

Las prioridades de la economía española han de seguir siendo recuperar competitividad, ajustando los excesos del pasado de la forma más acompasada y justa posible, al tiempo que se reducen los elevados volúmenes de deuda público/privada en un proceso de despalancamiento que aún se prolongará varios ejercicios (previsiblemente hasta 2018). Para facilitar este ineluctable ajuste, el sector público tiene que favorecer, insisto, reformas que aminoren las partidas de gasto público estructural y que permitan realizar rebajas fiscales significativas a las familias y las empresas. De esta forma, los agentes económicos ven mejoradas sus expectativas de futuro y ven como su renta disponible se incrementa lo que aumenta el colchón de estos para dar servicio a la deuda.

Solo reduciendo el binomio deuda/gasto el sector público liberará recursos disponibles para que el sector privado pueda recapitalizarse de manera rápida y estructural. Huelga decir que innovar más o contar con un tejido productivo más sofisticado y de mayor valor añadido no es algo que se pueda imponer “desde arriba” o mediante recetas mágicas como las que hemos escuchado desde diferentes tribunas (último caso con el programa económico de Ciudadanos). Por el contrario, es la consecuencia lógica de los procesos de merado cuando los derechos de propiedad están bien asignados y debidamente protegidos. El marco de incentivos que se genera de manera espontánea en los estados de derecho es lo que permite a las economías desarrolladas (capitalizadas) acometer procesos de inversión y empresas cada vez más sofisticadas, innovadoras y de mayor envergadura. Para ello es imprescindible, con carácter previo, contar con una sociedad capitalizada, en donde sus familias y empresas puedan ahorrar.

Ahorro y capital son dos palabras severamente castigadas en España lo que constituye el motivo esencial de la precariedad de nuestro mercado laboral: los políticos han desincentivado enormemente el ahorro de las familias y empresas al tiempo que con una elevada fiscalidad sobre el trabajo y el capital imposibilitan que los jóvenes o las familias de menores ingresos puedan ahorras. Por su parte, los intelectuales mayoritariamente simplifican el análisis a recetarios infantiles y propuestas de corte positivista que, lejos de solventar los problemas, suponen a la larga una carga fiscal añadida para la ya de por si sufrido tejido productivo.

Con todo, las propuestas presentadas por el Presidente del ejecutivo durante el pasado debate sobre el Estado de la Nación avanzan, tímidamente pero avanzan, en la buena dirección. Al margen de las medidas de bonificaciones y cheques (típicas en año electoral y que este analista no comparte, aunque son el mal menor), el Gobierno haría bien en no confiar la recuperación a una coyuntura ciertamente favorable y proseguir con el calendario de reformas que en muchas áreas tiene serios déficits que nos alejan de una convergencia real con Europa.

El principal elemento que amenaza la prosperidad de los dos próximos años es la política y los medios de comunicación. Tanto desde posturas socialdemócratas, como desde nuevos focos tecnocráticos con “pócimas crece pelo” o directamente desde el populismo de la extrema izquierda, se repiten los mismos mantras de manera continuada lo que ha generado un estado en la opinión pública y publicada que en el mejor de los casos nos lleva a un estancamiento económico perpetúo. En suma, se ha generado la idea errónea de que la crisis es una especie de contienda bélica, con buenos y malos, ganadores y perdedores, al tiempo que se ha generado una visión excesivamente negra y apocalíptica, de fin de régimen, que no atiende, a juicio de este analista, a la verdad. La crisis ha hecho ver las vergüenzas de un sector público que durante los años de vino y rosas tapo sus ineficiencias con los estímulos de liquidez constante. Hasta cierto punto normal que un entramado institucional aún joven y frágil se haya visto superado por el tsunami de liquidez que paso por España entre 2000 y 2007 con tasas de interés real negativo.

Pero lo anterior, no se soluciona con nuevos partidos que dicen huir de ideologías confundiendo a la opinión pública. En la base del crecimiento económico están las instituciones; las mejoras institucionales son siempre incrementales –ya se encargó de dar buen testimonio de ellos Tocqueville o Burke – nunca mediante procesos de ruptura como el que plantea el comunismo bolivariano de Podemos o el pseudo-regeneracionismo tecnocrático de Ciudadanos (España no está hoy en 1978 como quiere hacer creer a sus votantes Albert Rivera). Caer en cualquiera de estas dos trampas es un error porque en mayor o menor medida significa perder parte de lo ya conseguido y que se instale (de forma definitiva en España) una retórica –similar a la de la nociva Generación del 98– en el país, la retórica populista/tecnocrática. Al gran coste de la confusión, se le añade el coste de fragmentar el arco parlamentario lo que dificulta la actividad legislativa y no tiene ningún efecto beneficioso a la hora de combatir la corrupción o los déficits institucionales.

Los grandes países de nuestro entorno se caracterizan por tener sistemas políticos bipartidistas, con grandes consensos con respecto a la protección de la propiedad, la vida, la libertad de expresión y la existencia de mecanismos de solidaridad para quién lo necesita, en donde un partido gobierna y el otro hace oposición y en donde la ideología preside la acción política, tiene un peso ya que es lo que permite el debate y clarificar ideas lo que permite que esta también avance con el paso del tiempo y las preferencias sociales en un proceso dinámico de prueba y error. Añadir confusión a este proceso social y político fundamental de manera gratuita, será a la larga muy costoso.

Sin embargo, el consenso sociodemográfico demanda, por lo general, más gasto público como principal vía para solucionar los problemas y las soluciones tecnocráticas fáciles, propias de una democracia joven y una sociedad muy infantilizada como la española, alimentan las nuevas formas políticas que, aunque muchas incorporen muchas practicas ejemplares, serían más eficientes y contribuirían mejor a la regeneración institucional si lo hiciesen desde los grandes partidos mayoritarios y sin renunciar (salida fácil) al vector ideológico. Las ideas son importantes, y en año de elecciones resulta peligroso querer prescindir de ellas.

¿Gastar o no gastar? Esa es la cuestión

De un tiempo a esta parte, hemos asistido como en el centro del debate económico se situaba (de nuevo) la idoneidad o no de los diferentes (mal llamados) estímulos fiscales: lo que parecía el remedio a la crisis parece que hoy se haya convertido en parte de la enfermedad. Se trata de un debate académico con importantísimas implicaciones políticas.

Por un lado, la administración Obama – con un estímulo fiscal de 863 billones de dólares –, defiende las políticas de corte keynesiano y de abultado déficit para preveer, sostiene, una recesión aún mayor. Sin embargo, esta postura se ha defendido en días recientes con la boca pequeña. Ben Bernanke, por ejemplo, presidente de la Fed, sostenía que la economía de los EE.UU. necesitaba todavía de un estímulo fiscal, pero que este tenía que venir acompañado de un plan creíble para reducir futuros déficits en el medio plazo. En el otro lado del debate, se sostiene que atajar de forma drástica el déficit público es ahora la gran prioridad para evitar así males mayores en el futuro como subidas adicionales en los tipos de interés o incrementos en la presión fiscal.

Existe una postura híbrida, como la que sostenía Olivier Blanchard hace unas semanas en elEconomista, en donde el dilema que planteamos se resuelve en base a la realidad de cada país. En suma, el FMI esta defendiendo la paulatina corrección de los estímulos fiscales. La velocidad con la que estos estímulos se han de ir retirando dependerá de la credibilidad de cada una de las economías, y el crédito que tengan en los mercados internacionales. En cualquier caso, la corrección del déficit y las reformas estructurales, son dos condiciones sine qua non para la recuperación sólida y sostenida de las diferentes economías como han señalado los principales organismos internacionales.

En Europa, la mayoría de los países con desequilibrios en sus cuentas públicas han emprendido la segunda vía aunque haya sido por motivos diferentes. En el caso de Grecia y España, por citar los dos ejemplos más mediáticos, el recorte del gasto público como prioridad sobre cualquier otro asunto en materia económica ha venido motivado principalmente por la presión de los mercados financieros y organismos internacionales como el FMI. En el caso de Alemania o el Reino Unido, el plan de austeridad por encima de la recuperación en el corto plazo responde a una decisión interna de las administraciones locales: Merkel, firme defensora de la disciplina en las cuentas públicas, y la nueva administración Cameron/Clegg respectivamente. Por añadiría, y a diferencia de su homologo en Estados Unidos, Jean Claude Trichet, presidente del BCE, ha sostenido públicamente que es un error pensar que los planes de austeridad suponen una amenaza para el crecimiento y la creación de empleo.

En esta misma línea, en un artículo reciente, también en elEconomista, el profesor de Harvard Alberto Alesina, defendía estas mismas tesis resumiendo diversos estudios empíricos que muestran como los países que atajan el gasto público crecen (estudio al que esta semana hacía referencia el Wall Street Journal en una de sus editoriales). En su estudio, que incluía 91 planes de estímulo en 21 economías desarrollados entre 1970 y 2007, Alesina concluía que las bajadas impositivas eran más favorables al crecimiento económico que no el aumento del gasto público.

Volvemos al debate económico de los años 30. Por aquel entonces, el economista Británico John Maynard Keynes dominó el debate intelectual con sus propuestas de gasto público, intervención de los mercados y aumento del sector público como vías para salir de la crisis. Sin embargo, como se han demostrado numerosos economistas y la propia evidencia empírica, intentar hacer crecer una economía en base al gasto público es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa (Winston Churchill dixit; ver post sobre la Gran Depresión). El debate persiste por los matices: no es lo mismo un ajuste fiscal en época de bonanza que durante una recesión. En efecto, el análisis desvela como el multiplicador keynesiano – este que dice que un euro de gasto público aumenta el crecimiento en ese euro y algo más –, es mayor durante los periodos recesivos. No mucho mayor. Y en cualquier caso, negativo (ver los estudios realizados por Robert Barro en esta materia).

¿Por qué el gasto público dificulta el crecimiento? Porque el gasto público es ineficiente. Porque distorsiona, aún más, el tejido productivo de la economía. Porque aumenta el tamaño del Estado. Porque provoca un efecto expulsión y dificulta la inversión privada, así como disuade al consumo a los agentes económicos que anticipan subidas de impuestos en el futuro. En la actual situación parece que se esta cumpliendo la teoría que hemos expuesto. Cristina Romer, asesora principal de Obama en asuntos económicos pronosticaba en Enero de 2009 que sin el soporte del Gobierno la tasa de paro llegaría al 9% pero que con el estímulo esta se podría contener en el 8%. Hoy la tasa de paro en Estados Unidos se sitúa en el 9,5% con el sobre coste del déficit y el endeudamiento (ver Costes del presunto estímulo y Presunto estímulo).

No deja de ser curioso el hecho de que la misma Cristina Romer, antes de incorporarse a la administración, en un estudio con su marido, el también economista David Romer, para la Universidad de Berkeley, sostenía que los recortes impositivos tenían mayores y mejores efectos sobre la economía mientras que las subidas de impuestos, siempre y en cualquier ocasión, entorpecen el crecimiento económico y la creación de empleo. Por añaduría, Carmen Reinhart, competente economista de la Universidad de Maryland, sostiene que nuevos estímulos fiscales podrían ser aún más contraproducentes en el actual contexto de elevado endeudamiento, al incrementar entre los agentes económicos el descuento de subidas impositivas futuras, como ya esta ocurriendo.

En suma, volvemos al eterno debate sobre el rol del gasto público como remedio a una depresión económica. Sin embargo, lo que puede parecer un “remedio” resulta que no es más que parte de la propia enfermedad. El gasto público, y como hemos experimentado con toda su crudeza en el caso de España, sólo sirve de bálsamo pasajero, que distorsiona aún más las economías afectadas por una burbuja y debilita las finanzas públicas de la nación con las implicaciones que esto conlleva a nivel de credibilidad y confianza del Gobierno y sus derivadas con el riesgo país que hemos tratado en esta misma tribuna con anterioridad. Es hora de disciplinar el gasto con urgencia, al tiempo que emprendemos reformas liberalizadoras en los mercados que ayuden de forma efectiva a que la economía se regenere y pueda reprender la senda del crecimiento sobre bases sólidas.

El principio del fin

La semana pasada tuvimos la primera buena noticia en materia de política económica desde que empezó la crisis hace más de 1.000 días. El ejecutivo socialista anunciaba una serie de medidas, principalmente en partidas de gasto social, para reducir el abultado déficit del Estado que se cierne como una gran losa sobre nuestro crecimiento futuro. Sin entrar a valorar cuestiones de fondo, se trata de una medida tremendamente positiva para nuestra economía que emprende así, por fin, el camino de salida al difícil cuadro macroeconómico al que nos enfrentamos.

Si bien es cierto que el abultado déficit era el resultado de las funestas políticas llevadas a cabo por el gobierno, y que de forma sistemática se han venido denunciando desde esta tribuna, la decisión de recortar el gasto público ha sido una decisión valiente y tremendamente positiva. Ahora esta por ver que estas medidas tengan continuidad y que incluyan medidas que no sólo corten la hemorragia del gasto, sino que también reactiven la economía: aspecto ineludible si se quieren llevar a cabo los objetivos de contención fiscal fijados por Bruselas para 2013.

Política económica en dos vertientes. En primer lugar, el plan emprendido por el gobierno tiene que incluir no sólo dolorosos, pero necesarios, recortes en gasto social, sino que también dicho plan debe de reducir el tamaño de las Administraciones Públicas para mejorar su eficiencia. Por último, también seria necesario completar dichas medidas con recortes en otras partidas presupuestarias referentes a subvenciones y subsidios varios, o gastos superfluos. En época de crisis no es momento para lujos inecesarios: el “back to basics” también aplica al sector público.

En segundo lugar, siguen resultando imprescindibles reformas que nos permitan aligerar las cargas de gasto social (subsidios de desempleo), y reactivar la economía, lo que permitiría volver a generar ingresos fiscales, y por añaduría liberar tensiones en el sector financiero (reducción tasas de morosidad, incremento demanda de vivienda, etc…). Para que todo lo anterior se cumpla necesitamos líderes valientes que sepan tomar el pulso a la situación y acometer las difíciles reformas que la economía necesita en una coyuntura en donde el tiempo apremia.

Como ya hemos afirmado en alguna otra ocasión, la propia catarsis del mercado y su ajuste a la baja, es ya una parte consustancial de la propia recuperación. Depurando malas inversiones y reorientando los recursos de nuevo aquellos sectores efectivamente productivos, es decir demandados en el mercado de forma libre, estamos generando la base sólida necesaria para generar de nuevo crecimiento económico sostenido en el futuro.

Hacer política

En las últimas horas, y cómo ya esperaban muchos analistas, los mercados financieros nos han vuelto a dar un severo toque de atención: los inversores están perdiendo confianza en “España S.A.” a marchas forzadas y el Ibex se desploma por momentos. Desde esta tribuna llevamos semanas insistiendo en la necesidad de emprender reformas y cortar la hemorragia del gasto público. Evidentemente, Zapatero ni ninguno de sus ministros nos lee. Ni a nosotros, ni por lo que parece a nadie.

¿Por qué nos castigan los mercados? Pues por la falta de proyecto de nuestro Presidente que ha sido incapaz de articular nada que se asemejará remotamente a un plan para sacar a España airosa de la crisis. Por el contrario, la estrategia del gobierno se ha centrado en las palabras y movimientos erráticos y confusos que han acrecentado, aún más, la sensación de descontrol e improvisación del Gobierno en su conjunto. Palabras vacías y huérfanas que han acabado con la paciencia de los inversores que han decidido no renovarnos los préstamos que les debemos. Estos próximos días escucharemos todo tipo de teorías conspirativas y confabulaciones en contra de nuestro Presidente. Ya se sabe que todo estadista necesita de sus fobias y fantasmas. Sin embargo, nadie especula contra una economía sana que hace los deberes. Al final del día, España lleva dos años de deriva en materia de política económica que a día de hoy tiene difícil solución.

En una reciente entrevista, Luis de Guindos señalaba algunas de las claves que hay que tener presente a la hora de hacer política económica. Esta tiene que ser creíble y coherente. Tiene que ser clara e interpretable por los mercados. Parece obvio pero nuestro Presidente parece no tenerlo claro. El profesor Juergen Donges lo enfatizaba de forma clara: “es mejor un mal plan que la ausencia de uno”. Al final si de algo recelan los inversores es de la incertidumbre. Del qué pasará. Y eso es justamente lo que esta aconteciendo en España desde hace dos años. Un político conservador señalaba de la política de Zapatero lo siguiente: “se ve que no pretende nada, y lo ha conseguido”. Hace tiempo que parece que nadie gobierna el barco. Es hora de hacer política y es hora de hacerlo ya. Sin demora alguna.

Acumulamos un doble retraso. Por un lado, muchas de las dolorosas reformas (y me refiero sobretodo a la modernización de nuestro marco laboral) se tenían que haber abordado durante la época de bonanza. Una vez instalados en la crisis, aunque dolorosas, dichas reformas eran imprescindibles para que la economía española volviese a crecer pero decidimos no hacer nada. Ahora dichas reformas nos vendrán impuestas desde fuera. Ahora son los inversores extranjeros los que nos van a imponer la agenda política. Nuevamente me permito recordar las palabras de Maquiavelo: “las batallas nunca se evitan, únicamente se posponen y siempre en contra tuya”.

Venezuela: socialismo, escasez y pobreza

En un brillante articulo sobre Venezuela, Mary O’Grady del Wall Street Journal recordaba como Milton Friedman una vez señaló con ironía: “si el gobierno estuviese a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena”. Friedman acudió a la hipérbole para remarcar los perniciosos efectos que un sistema socialista de planificación central tiene sobre la economía. En efecto, existe una amplia evidencia empírica de cómo los sistemas socialistas de planificación multiplican la miseria y extienden la pobreza allí donde sus políticas son aplicadas. Parece que ahora es a Venezuela la que por desgracia le esta tocando morder el polvo por culpa de las fantasías colectivistas.

Después de sucesivas expropiaciones, nacionalizaciones, fijaciones de precios y demás intervenciones Estatales durante los últimos cuatro años en el sector cafetero por parte del gobierno de Hugo Chávez, en 2009, y por primera vez en toda su historia, Venezuela no produjo suficientes granos de café para satisfacer su demanda interna. Hoy en día es importador de café y hace frente a una grave escasez. Ver para creer. Sin duda el colapso de la industria del café no deja de ser un grave síntoma de lo que esta aconteciendo en todo el país. La economía se prevé que se contraiga un 2,6% este año con una inflación que superará el 30%.

La historia de las sucesivas intervenciones en el sector del café de Venezuela son dramáticas y recuerdan la fabula de “la increíble máquina de hacer pan” – el cuento de la caperucita roja para los liberales de los cinco continentes. La escasez de café empieza cuando Chávez decide considerar el café como una materia prima “prioritaria”. Sin embargo, en vez de dejar que el mercado actúe y la mano invisible cumpla su función, el gobierno se dedica a elaborar sofisticados planes de estímulo e intervención en el sector que sirvieron como elementos disuasorios al libre ejercicio de la función empresarial en el sector. El resultado: escasez de café a los cuatro años.

Una vez instalados en el barrizal, y como suele ser habitual en los regimenes populistas y también en los que no lo son, el chivo expiatorio fueron los empresarios. Chávez dirigió las culpas a las empresas tostadoras que fueron confiscadas a precio de saldo el verano pasado. Sin embargo, y como era de esperar, que el gobierno controlara las empresas tostadoras no iba hacer más productivo el ya dañado sector del café venezolano. Con posterioridad se ha ido sabiendo que las tostadoras del país a penas funcionaban al 30-40 por cien de su capacidad por falta de cosechas de café. Hasta el punto de llevar al colapso al sector en su conjunto.

Lo del sector del café no deja de ser un caso más del fracaso económico y social del régimen chavista. Por añaduría, el incremento de la pobreza resultado de dichas políticas no hace más que incrementar los recelos y la beligerancia del dictador hacía los opositores generando nuevas oleadas de nacionalizaciones que no hacen otra cosa que acrecentar, aún más, el fracaso económico de su revolución en una especie de circulo vicioso que tiene una difícil salida. Nuevamente, el mundo tiene la demostración empírica de los resultados económicos y sociales de la revolución socialista: Venezuela es una economía colapsada. Ahora sólo queda despejar la incógnita de cómo y cuando el dictador aceptará de forma pacífica el fracaso de su revolución.