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Acabar con el paro es posible (reseña último libro Daniel Lacalle)

En pocos años Daniel Lacalle (@dlacalle) se ha convertido en una de las grandes referencias del pensamiento económico en España habiendo publicado hasta cinco libros, tres de ellos en solitario, el último Acabemos con el paro (Deusto 2015) y con sello de Roger Domingo (@RogerDomingo). En esta última empresa literaria, Lacalle aborda el que es, sin lugar a dudas, el gran problema de la sociedad española en la actualidad: nuestra desorbitada e injustificablemente alta tasa de paro.

Como bien señala el autor de inicio, el paro en España no es un problema nuevo, sino que viene de lejos y cuyas causas no únicamente se deben a un tema de ciclo económico sino que hunden sus raíces en parte en unas instituciones laborales deficientes, o mejor dicho poco ancladas en la realidad (en la mayoría de casos); y en parte también por una cultura con una enorme aversión al riesgo y al emprendimiento en general.

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El libro de Lacalle tiene la valentía de plantear el tema con los pies en el suelo y evitar las vaguedades o el ensoñamiento. Al contrario, se trata en de un ensayo escrito en clave de “política pequeña”: el autor baja a lo concreto y, con argumentos, realiza propuestas específicas para hacer frente a cada una de las disfuncionalidades que desembocan en los altos niveles de desempleo que arrastra todavía la economía española. El texto hace una análisis pormenorizado del estado de la cuestión, el diagnóstico, para luego proponer, propuestas concretas, algunas de ellas fruto de la experiencia en otros países, todas con un profundo anclaje en los valores de la libertad económica. Esto también incluye, y es igualmente importante, desmontar los múltiples mitos que existen alrededor del tema del empleo y en donde todavía persisten propuestas tan peregrinas –y alejadas de la realidad– como la contratación pública. Especialmente interesante, por ejemplo, resulta el repaso que el autor realiza con respecto a otros sistemas como el existente en el Reino Unido, los países nórdicos, o el caso Austríaco, todos ellos interesantes y de los que extraer conclusiones.

El libro esta muy bien tejido, es exhaustivo, e incluye multitud de cifras y datos orientados a dar fuerza y peso a cada uno de los argumentos con multitud de referencias bibliográficas para el lector que quiera profundizar al tiempo y que permite tener una panorámica muy completa sobre el estado de la cuestión no únicamente en España sino dentro del marco de la OCDE. Al margen de las consideraciones y propuestas de carácter técnico que realiza Lacalle, la verdadera y gran aportación del libro, desde el punto de vista de este analista, es el mensaje de poner en valor la función empresarial en su sentido más amplio. Básicamente: sin arriesgar es imposible crear riqueza, crear empresas; y sin empresas es imposible generar empleo. El libro en Madrid se presentó en CEOE con la presencia de Juan Rosell quién en 1985 (hace tres décadas, que se dice pronto), publicaba junto con Juan Torras y Joaquín Trigo, el libro Crear 80.000 empresarios con mensaje similar. La tesis central del libro entonces guarda gran relación con el libro de Lacalle ahora: Felipe González había prometido 800.000 nuevos empleos a lo que los autores respondieron que bastaría con crear 80.000 nuevos empresarios para cumplir dicho objetivo. Es aquí donde esta la madre del cordero (antes y ahora).

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Nota foto: Daniel Lacalle señala como la gran brecha entre el coste laboral y lo realmente percibido (sueldo neto) es una de las causas que lastran el nivel de empleo en nuestro país.

Es por eso que la gran aportación del libro es que la solución al problema del paro pasa, sobretodo, por un cambio de mentalidad con respecto a una palabra clave (que sale varias veces en el libro; buen síntoma): el riesgo. Riesgo implica salir de la zona de confort, asumir responsabilidades y no pasarlas a terceros; en definitiva, vivir la realidad tal y como es y no escondido detrás del BOE o de cualquier otra burbuja. No tener miedo a equivocarnos, no tener miedo asumir responsabilidades. Dato ilustrativo que conviene remarca y recordar: un 70% de los universitarios españoles aspiran algún tipo de empleo público y solo un 7% quieren montar su propio negocio o empresa; en Estados Unidos el porcentaje de estudiantes que aspiran a ponerse por su cuenta y riesgo asciende al 40%.

Nos hace falta un cambio de actitud en frente al riesgo y con respecto a la cultura del error, hoy un estigma. Los errores de hoy están las empresas de mañana, las que generarán los empleos del futuro. El error es parte consustancial del emprendimiento, es imposible acertar siempre, y aún más acertar a la primera (sin error no hay tampoco experiencia o aprendizaje). Es importante facilitar la asunción de riesgos y la creación de empresas, por eso la solución al desempleo pasa por fortalecer la propiedad privada, favorecer el ahorro (sin ahorro previo no hay nadie que ni pueda ni deba, asumir riesgos), eliminar trabas administrativas, y bajar los impuestos que favorezcan la capitalización de las empresas (lo que permite crecer en tamaño y asumir riesgos mayores) o la contratación (España, como vemos en la tabla anterior, es de los países que más retenciones soporta a la Seguridad Social).

En definitiva el libro se sitúa en un doble encaje (y doblemente acertado). Por un lado, hace un planteamiento de la cuestión en base a los datos y sin tirar de recetario mágico, el ensayo es una contribución a la política pequeña justamente esta la que resulta más eficaz ya que puede evaluarse (recuerdo el último libro que reseñé que ponía justamente en valor esta tesis El retorno de los chamanes de Víctor Lapuente). Por otro lado, el libro tiene un mar de fondo muy claro de defensa de la libertad individual, la responsabilidad, y la capacidad de arriesgar (emprender) como ejes imprescindibles si verdaderamente queremos hacer frente con solvencia al lastre social y económico que supone el gran desempleo que soporta nuestra economía y que urge corregir. Solucionar el problema del paro esta a nuestro alcance y empieza con su correcta aproximación para la cuál el libro de Daniel Lacalle resulta imprescindible.

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A vueltas con la reforma laboral

Desde el inicio de la crisis, y de mucho antes, que uno de los temas más recurrentes y de los que se más se ha hablado es el tema de la reforma laboral. Se trata del principal tema de política económica que tenemos encima de la mesa desde hace años y que con el paso de los años nos ha condenado a un mercado de trabajo dual, ineficiente, poco competitivo, caracterizado por tasas de desempleo inusitadamente altas. En las próximas semanas, patronal, sindicatos y Gobierno tendrán que consensuar las nuevas directrices que han de regir las relaciones entre empresarios y trabajadores en el futuro. Conviene por tanto tener claro por qué nos encontramos en esta situación y cuáles son los cambios que cabría esperar para considerar como exitosa una hipotética reforma.

En primer lugar, es necesario tener presente los graves déficits que acumula la economía española en términos de competitividad con respecto a las economías de nuestro entorno. Este déficit tiene su principal reflejo en el déficit por cuenta corriente, todavía en niveles superiores al 4% del PIB pese a la fuerte contracción de la demanda interna que ha sufrido España desde el inicio de la crisis. Conviene tener presente este punto para no caer en comparaciones engañosas en términos de los mal llamados beneficios sociales con otras economías de nuestro entorno, ya que España es un país principalmente endeudado qué, como suele decirse vulgarmente, ha estado viviendo por encima de sus posibilidades. Digo esto por qué una parte fundamental del éxito de nuestra reforma laboral dependerá de las pequeñas dosis de realidad que aporte cada uno de los agentes sociales en la mesa de negociación: la reforma laboral que aquí defendemos tiene muy poco que ver con temas ideológicos y responde básicamente a un esquema lógico y pragmático de adaptar nuestras instituciones laborales al nuevo entorno competitivo en el que nos encontramos.

El déficit de competitividad al que hacíamos referencia al principio, evidencia el hecho de que nuestro tejido productivo tampoco  puede ser objeto de la misma presión fiscal (y presión regulatoria) que nuestros vecinos ricos del norte de Europa (por citar los casos más próximos), ya que dicha equiparación sería un suicidio económico: lastraría, aún más, la competitividad de nuestras empresas y supondría el colapso económico de estas. Conviene tener presente que el marco actual es principalmente herencia del franquismo, cuando España era una economía cerrada, dominada por el paternalismo y tutelaje del Estado (y en dónde los Sindicatos gozan de una relevante sobre protección). Hoy el escenario no puede ser más diferente y resulta por tanto fundamental adaptar las instituciones al nuevo entorno. De hecho, la última modificación sustancial en nuestro mercado de trabajo se remonta a 1994 con la incorporación de los contratos indefinidos por parte del socialista Joaquín Almunia. Este retraso es lo que hace que las reformas sean especialmente dolorosas y urgentes.

El retraso de las reformas se refleja en dos síntomas principales que a su vez reflejan dos grandes dolencias de nuestro mercado de trabajo: alta tasa de desempleo (especialmente preocupante entre los jóvenes), y una fuerte dualidad entre los que están en el mercado laboral y los que quieren acceder a él. Estos síntomas sólo se explican teniendo en cuenta los objetivos que, históricamente, ha tenido el legislador en materia laboral. En efecto, como señalaba Salvador del Rey, uno de los mayores expertos en la materia junto al profesor Joaquín Trigo, en el pasado, el legislador ha regulado el mercado de trabajo siguiendo, principalmente, un criterio de maximización de la protección del empleo y del trabajador. De la misma forma, se ha ignorado por completo cualquier criterio económico o el hecho fundamental de que el empresario es el único que crea riqueza y empleo y que cualquier sociedad que quiera prosperar deberá de crear un marco propicio para el desarrollo de la actividad económica y empresarial. De esta manera, se ha ido encorsetando las relaciones entre empresarios y trabajadores a un marco cada vez más complejo e ineficiente que ha limitado las posibilidades de encaje entre los intereses libres de unos con los otros. Este hecho se ha ido traduciendo en un mercado laboral extremadamente dual, rígido y frágil a la hora de generar empleo de calidad (en la presente crisis ha quedado en evidencia como ante cualquier caída de la actividad económica el único ajuste posible es vía destrucción de empleo).

Teniendo en cuanta lo anterior, y de forma muy sucinta, se deduce que el eje principal de cualquier reforma laboral que persiga la mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de empleo en el largo plazo pasa ineludiblemente por una liberalización paulatina, pero decidida, del mercado de trabajo que incorpore como elemento central la descentralización de la negociación colectiva. En efecto, la descentralización de la negociación colectiva es un elemento fundamental para tener un mercado de trabajo realmente flexible en el que sea posible el libre ajuste entre trabajador y empresario, y que las condiciones de unos con otros se adecuen a la realidad y particularidades de cada empresa, de cada sector, y de cada trabajador. Nuestra realidad empresarial está configurada en su gran mayoría por pequeñas empresas, creadas en su origen por alguien que (casi seguro) había sido trabajador asalariado antes, autónomos, y profesionales independientes que son empresarios en la medida en que sus pequeños negocios y su retribución dependen directamente de sus capacidades, conocimientos técnicos y capital humano en general. Por ende, los trabajadores en nuestras fábricas ya no son obreros, sino en su gran mayoría trabajadores y técnicos cualificados que pueden asociarse de forma libre si así lo consideran para su mejor desarrollo profesional. Es por ello que hoy el discurso de clases o el tutelaje y excesiva regulación por parte del Estado en el ámbito de las relaciones laborales resulta especialmente anacrónico, ridículo y sobretodo extremadamente costoso en términos de generación de empleo.

De la misma forma, para poder adjetivar como exitosa la futura reforma laboral, es necesaria la inclusión de medidas para la desregulación y simplificación del mercado laboral actual. En efecto, en la actualidad, por ejemplo, existen más de 50 modalidades contractuales lo que añade una complejidad innecesaria y un sobre coste regulatorio a nuestras empresas dificultando su actividad económica. Del mismo modo, es conveniente abaratar el despido, para facilitar la contratación, y rebajar las cargas sociales cambiando la concepción actual de la prestación de desempleo por la creación de una “bolsas de ahorro” por trabajador, de manera que cada asalariado se convierte en responsable de como administra sus cargas salariales en casos de desempleo (lo que se ha venido a denominar como “modelo austríaco”). En suma, resulta esencial que el mercado laboral sea un marco incentivador precisamente del trabajo y en dónde se incentive al trabajador a ser responsable de su empleabilidad futura.

Todo lo demás: papel mojado que no nos llevará a buen puerto ni corregirá el déficit competitivo de nuestras empresas. El modelo económico, la naturaleza de nuestras empresas, y la manera de competir en los mercados internacionales han cambiado de forma radical. El cambio a un nuevo modelo productivo del que todos hablamos será el resultado del surgimiento espontáneo en el mercado de nuevas empresas y sectores por parte de los empresarios del futuro. Es tarea de un buen Gobierno facilitar un buen terreno de juego, algunos lo han denominado recientemente como “business friendly”, en el que los empresarios del futuro desarrollen las bases de nuestra economía para los próximos años. Este es el único camino para generar empleo de calidad en el futuro. Por añaduría, la reforma laboral y su prima hermana, la reforma de las pensiones, resultan dos pilares fundamentales para devolver el equilibrio a nuestras maltrechas finanzas públicas y recuperar la credibilidad de la deuda en los mercados financieros.

Una mala e incompleta reforma laboral

Hace dos semanas, vivimos una jornada de huelga general. Dejando a un lado sus implicaciones, idoneidad y seguimiento, dicha huelga venía motivada por una reforma laboral que según los sindicatos no favorece los intereses de los trabajadores. Seguramente sea así aunque no por los mismos motivos que arguyen los propios sindicatos. En cualquier caso, se trata de una reforma tímida, incompleta que no trata los principales temas

En primer lugar, huelga decir que se trata de una Reforma completamente necesaria e ineludible con independencia o no de la crisis financiera internacional. En efecto, la reforma (liberalización) de nuestros mercados de trabajo es una condición sine qua non para nuestra recuperación. En este sentido, es una reforma que llega tarde y que se ha escabullido de la agenda política por estar convenientemente encubierto por el bálsamo de dinero fácil que ha caracterizado el periodo 2002-2006, primero, y por tratarse de una reforma muy impopular que tiene que enfrentarse a numerosas resistencias de grupos e intereses creados. No en vano, la burbuja crediticia ha camuflado nuestro deficiente marco laboral que incluso en plena efervescencia económica a finales de 2006 no consiguió bajar la tasa de paro del 8% para el conjunto de la economía, un 6% en el caso particular de Catalunya.

En cualquier caso, la reforma es incompleta y no aborda una de las cuestiones claves en este asunto que no es otro que es el de avanzar en la paulatina liberalización de los mercados de trabajo, paso ineludible para acabar con la dualidad de nuestro mercado de trabajo y garantizar mejores condiciones de trabajo a las generaciones futuras. La reforma aborda dos temas principalmente: reduce de forma muy importante los costes de despido si se dan causas económicas objetivas al tiempo que trata de homogeneizar las indemnizaciones de los contratos temporales e indefinidos para fomentar el uso del contrato indefinido y reducir la alta temporalidad (junto con el paro, otro síntoma claro que nuestras instituciones laborales son claramente deficientes). Por partes.

La Reforma reduce la indemnización por despido en los contratos indefinidos: de los históricos 45 días por año trabajado a 20 (de los que además la empresa sólo tendría que pagar 12) siempre y cuando este contrato se rescinda por causas económicas objetivas. Sin embargo, la ley no específica estas causas de una forma clara dejando al juez la última palabra sobre la escisión de un contrato laboral. El Ministro Corbacho intentó que se aprobase el texto especificando que las causas económicas objetivas eran 6 meses en pérdidas pero la medida no encontró el consenso. De esta manera se genera una gran incertidumbre aunque es justo decir que es una medida que a priori ha de beneficiar sobretodo al empresario.

Por otro lado, esta medida pretendía ahondar en el segundo gran objetivo de la reforma laboral, esto es incentivar la contratación indefinida homogeneizando la indemnización por despido a la del contrato temporal. Sin embargo, esta incertidumbre regulatoria que mencionábamos con anterioridad que deja al juez la última palabra, genera inseguridad jurídica con lo que sin duda actuara de forma disuasoria aquellos empresarios realmente decididos a convertir contratos temporales en fijos.

En suma, es una mala e incompleta reforma laboral que no afronta el verdadero problema de nuestro mercado de trabajo que es su profuso intervencionismo, falta de flexibilidad del sistema en su conjunto, su centralismo a la hora de negociar convenios, y poca adecuación a la realidad productiva del país constituida básicamente por autónomos, profesionales independientes, pequeñas y medianas empresas y pequeños comercios y tiendas. Así pues, todavía esta por ver quién le pondrá el cascabel al gato…

Plan B

Entre ayer y hoy las alarmas por cubrir posibles contingencias de los Presupuestos del Gobierno han centrado el debate económico. El famoso Plan B de MAFO, al que hoy también se suma el FMI por voca del español José Vinyals, responde a los lógicos recelos que despiertan las “positivas” proyecciones de crecimiento que maneja el Ejecutivo y las importantes implicaciones que estas tienen en la estimación del déficit proyectado para los próximos ejercicios. Las predicciones no dejan de ser predicciones, y cualquier proyección que podamos hacer podría ser incorrecta (y muy probablemente no se cumpla). Sin embargo, la situación post-burbuja de la economía española sumada al profundo desapalancamiento que esta debe realizar hace pensar que inevitablemente nuestro crecimiento será débil o muy débil tanto en 2010, como en 2011, y previsiblemente también en 2012.

En su día ya alertamos desde esta tribuna sobre la importancia de acometer reformas estructurales de calado sino queríamos seguir con nuestra particular destrucción de empleo por una lado, y pérdida continuada de competitividad con la consiguiente destrucción de riqueza que ambas conllevan. Cuando estalló la crisis presupuestaria entre febrero y junio señalamos que la economía española había entrado en tiempo de descuento: las reformas y la contención fiscal se habían convertido en dos asuntos de urgencia y prioritarios para que el país no quebrara (ver Riesgo país de la economía española). Tanto es así, que el propio Zapatero tuvo que comerse sus palabras, una vez más, y ceder a las presiones de los principales organismos internacionales e impulsar un programa de recorte fiscal de 15.000 millones entre 2010-2011. El objetivo: recuperar el control sobre las finanzas públicas y la credibilidad pérdida ante nuestros acreedores.

Sin emabargo, este plan de contingencia muy probablemente se quede corto. No sólo se queda corto en la reducción del gasto que necesita nuestra economía, los recortes no atacan todavía partidas decisivas como las Pensiones ni incluyen reducciones drásticas en el número de funcionarios, anque se han dado pasos en la dirección correcta, sino que es excesivamente optimista en la proyección de los ingresos futuros. Estas proyecciones el Banco de España no se las cree, y lo que es peor, nuestros acreedores tampoco. En cualquier caso los pResupuestos del Gobierno estiman un crecimiento del 1,3 para 2011, el FMI por su parte lo estima en tan sólo un 0,7%, y proyecta una contracción del 0,3% para el presente curso. Los mercados financieros tienen monitorizada al céntitro nuestra economía y no tolerarán ningun “susto” adicional con respecto a nuestras finanzas. Como dijimos en su día, España está en tiempo de descuento.

La política tiene que anticiparse si quiere tener efecto y mejorar las expectativas de los mercados. En este sentido, el Gobierno haría bien en dar un golpe de timón claro para enderezar las cuentas públicas y mostrar su determinación con respecto a los temas puntales de pensiones y mercado laboral. Sólo así, recuperando la inicitaiva, quizás los mercados se lo pensaban y nos otrogaban cierto margen de confianza para los próximos meses. Veremos.

Huelga general

Adjunto claro y conciso articulo sobre las implicaciones de la jornada de hoy del Profesor Joaquín Trigo, probablemente una de las cabezas mejor amuebladas del país. Y ahora, a trabajar.

La autoridad debe garantizar el derecho a la huelga de quien opta por ella, pero también el derecho de quienes prefieren mantener su actividad habitual en plena calma. Si la autoridad acepta las limitaciones que buscan los convocantes, especialmente las que son impuestas sobre el terreno, ha renunciado a la defensa de los demás derechos.

Incluso cuando pacta con los organizadores suele adoptar puntos medios cuando sólo debería tener un pie en cada lado: defender el derecho a la huelga y el de trabajar sin posiciones intermedias ni renuncia a parte de uno por parte de otro. Si se considera que los derechos de algunos son de mayor rango que los de otros, se hace un flaco favor al Estado de Derecho.

Huelga general” por Joaquín Trigo (publicado en ElEconomista)

Las necesidades de la economía española

En la actualidad, España se enfrenta a un cuadro económico que acumula graves desequilibrios fruto de la etapa expansiva, y la falta de reformas económicas en el pasado. A saber: (1) una excesiva concentración de recursos en el sector inmobiliario; (2) un elevado endeudamiento de empresas y familias; (3) y unos riesgos potenciales para la competitividad como consecuencia de una década de aumentos de costes y precios superiores a los de la Unión Monetaria. Estos graves desequilibrios amenazan el potencial de crecimiento futuro de la economía y ponen en entredicho la recuperación si no son atajados con valentía y determinación por parte del gobierno con el soporte mayoritario de las fuerzas políticas.

Además de estos tres desequilibrios principales, la economía española acumula dos desequilibrios adicionales que a día de hoy debieran ser las dos grandes prioridades en materia de política económica: (4) un rápido deterioro de las cuentas públicas. Traducido en una aumento exponencial del binomio déficit/deuda con los riesgos globales para la economía que ello supone, y  (5) el intenso aumento del desempleo. En primer lugar, el crecimiento acelerado del binomio déficit/deuda puede provocar subidas de tipo de interés para compensar una subida del riesgo si dicho endeudamiento no va acompañado de toda una serie de reformas estructurales que permitan reactivar la economía poniendo en entredicho la solvencia del país. Además, dicho aumento del endeudamiento dificulta, aún más, el acceso al crédito del tejido productivo, ya que es el sector público el que monopoliza la captación de fondos.

En segundo lugar, la desproporcionada evolución de nuestra tasa de desempleo durante la fase contractiva del ciclo ha puesto de manifiesto las deficiencias institucionales de nuestra economía, especialmente en el mercado de trabajo, que además tienen un grave impacto sobre nuestro tejido empresarial, principal activo para nuestra recuperación. Esta desproporcionada tasa de paro supone un obstáculo adicional para el ajuste de las finanzas públicas, el saneamiento y reestructuración de las instituciones financieras y, en definitiva, para la recuperación del crecimiento en una especie de círculo vicioso del que sólo saldremos con una profunda reforma de nuestro mercado laboral.

Con este cuadro macroeconómico resulta imprescindible un liderazgo político fuerte capaz de enderezar el rumbo del barco ahora en aguas turbulentas. En este sentido, alcanzar el mayor consenso posible entre los principales partidos y agentes sociales puede resultar un factor facilitador añadido, aunque no sea imprescindible. Resulta apremiante un plan de consolidación fiscal que corte la hemorragia de gasto público. Es importante que la reducción del gasto público incluya partidas estructurales, reducción del tamaño de las administraciones (otro sector sobredimensionado durante la etapa expansiva), y de las grandes partidas que sustentan el Estado del Bienestar. Todos tendremos que hacer sacrificios en el ajuste, pero estos son inevitables si queremos depurar los excesos del pasado y reemprender cuanto antes la senda del crecimiento sostenido, así como mantener la viabilidad del sistema en su conjunto.

En paralelo al plan de consolidación fiscal, y como ya hemos apuntado, resulta igualmente apremiante el empezar el abanico de reformas que puedan contribuir a detener la destrucción de empleo y tejido empresarial y que permitan la reabsorción por el mercado laboral del elevado número de parados que acumula nuestra economía. Entre otras, una reforma laboral con dos elementos fundamentales. Por un lado, la descentralización de la negociación colectiva, que permitiría una mayor flexibilidad del ajuste entre empresa y trabajadores que no dañase la competitividad futura de la compañía y asegurase su viabilidad. En efecto, con carácter general, los convenios colectivos de ámbito sectorial han venido fijando incrementos salariales más elevados que los establecidos en el ámbito individual para cada empresa, por lo que el tejido empresarial ha estado sometido a una mayor presión en sus costes, con la correspondiente pérdida de competitividad en los últimos años, reflejada entre otros indicadores, en nuestro abultado déficit comercial.

Por otro lado, resulta igualmente importante flexibilizar el mercado laboral incluyendo nuevas modalidades contractuales que no disuadan la contratación. En efecto, la falta de flexibilidad a la hora de fijar una parte nuclear de las condiciones laborales debido a nuestro actual modelo de negociación colectiva hace que muchas compañías se vean obligadas a recurrir al contrato temporal de forma masiva. En suma, se ha de facilitar una mayor capacidad de organización interna e introducir modalidades de contratación permanentes que se ajusten mejor a la realidad de cada compañía.

Por último, es necesaria una simplificación de la normativa existente, sobre todo en el ámbito laboral y fiscal que tanto impacto tiene sobre nuestras empresas. Reducir los costes de transacción para facilitar la creación y materialización de empresas. En la actualidad, el entorno administrativo resulta una carga adicional para las empresas. No sólo se trata de regular menos, si no mejor. La disminución de las cargas administrativas a las empresas y la eliminación de la superposición de normas estatales y autonómicas resultan esenciales para mejorar la competitividad de las PYMES, que configuran el grueso de nuestro tejido empresarial. Como también lo son la mejora de la competencia y reformas liberalizadoras que permitan un rápido ajuste y corrección de los excesos del pasado.

En conclusión, España se enfrenta a una importante crisis de modelo económico con independencia de la crisis financiera mundial que atraviesa la economía. Es por eso que resulta esencial un paquete sólido de reformas estructurales encaminadas a liberalizar la economía y permitir el necesario ajuste y saneamiento de nuestro tejido productivo para que este pueda recuperar la competitividad y volver a crecer sobre una base sólida. Por añaduría, estas reformas resultan también indispensables para corregir las tensiones existentes en nuestro sistema bancario, y corregir los graves desequilibrios de nuestras cuentas públicas.

La reforma laboral y su urgencia

Hace unas semanas, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, volvía a incidir en las dos principales prioridades de nuestra economía en cuanto a política económica se refiere: (i) la consolidación fiscal para atajar el déficit público (ya se habla de algunas propuestas: recorte del gasto público o la polémica revisión del Pacto de Toledo); y (ii) la reforma laboral para corregir los problemas estructurales de la economía española a la hora de generar y destruir empleo. De las dos, hoy quiero hablar de la segunda.

Una reforma laboral profunda es condición imprescindible, aunque no suficiente, para que la economía española vuelva a empezar una etapa de crecimiento sostenido. Esta reforma es necesaria por tres razones fundamentales. Primero, para reducir las desorbitadas cifras de paro que sufre nuestra economía. Segundo, para que el sistema bancario no se vea tensionado, todavía más, debido al presunto aumento de la morosidad resultado de las abultadas cifras de desempleo. Finalmente, la reforma laboral es también un elemento imprescindible dentro del plan de consolidación fiscal y que este pueda ser ejecutado con éxito.  Si no conseguimos atajar el problema del paro, las cuentas públicas se debilitarían por dos vías: por un lado por el aumento del gasto en prestaciones sociales, ya desorbitado; y por otro lado, por una disminución de los ingresos, porque estos millones de parados apenas aportan ingresos a las arcas públicas.

Dinamizar la economía pasa, inevitablemente, por corregir los desequilibrios acumulados durante la etapa expansiva, esto es, una pérdida sostenida de competitividad, un abultado déficit comercial y un sobredimensionamiento de muchos sectores (principalmente el sector de la construcción). Por eso, resulta imprescindible dar más flexibilidad al mercado laboral a la hora de fijar salarios y condiciones laborales para así mejorar la competitividad dentro de la unión monetaria donde ya no cabe la devaluación. De esta forma se podrán ajustar los diferentes sectores y reubicar los recursos productivos hacía aquellos sectores que sean más competitivos.

La lista de medidas correctoras a incluir en la reforma laboral es muy larga pero destacan dos de fundamentales: establecer una modalidad de contrato indefinido que no disuada a los empresarios a contratar de forma indefinida, y descentralizar la negociación colectiva. En primer lugar, parece obvio que hay que mirar de facilitar el ajuste de plantilla aquellos trabajadores con contrato indefinido de manera que no sea disuasorio para el empresario generar empleo. En segundo lugar, y quizás el aspecto más relevante de la reforma laboral, sindicatos y patronales – sí, patronales también, ya que nadie quiere tener el conflicto laboral en la puerta de su empresa  –, tienen que dejar más margen de libertad y actuación a empresarios y trabajadores para que estos fijen libremente las condiciones de trabajo que mejor atiendan a sus intereses. En otras palabras, es necesario descentralizar la negociación de las condiciones laborales a la realidad particular de cada empresa.

Este punto es fundamental porque de él depende en buena medida que la economía española pueda transicionar hacía un modelo productivo de más valor añadido. Lo que denominamos “modelo productivo” es, en palabras del propio MAFO, el resultado de los rasgos estructurales e institucionales, yo subrayó institucionales, de una economía (ver Economía Sostenible). El modelo que tenemos es inseparable de nuestro marco institucional y, si queremos que nuestra economía avance hacía un marco basado en sectores de mayor productividad,  resulta imprescindible dotar a nuestro marco laboral de la flexibilidad necesaria para realizar esta reasignación.

En suma, si bien la reforma de nuestro mercado de trabajo no es condición suficiente, es condición completamente imprescindible para que nuestra economía se ajuste y pueda mejorar su competitividad y empezar a salir de la difícil coyuntura en la que se encuentra en la actualidad.