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PIIGS (1): Portugal

El acrónimo de PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain) fue una ocurrencia periodistica de finales de los ochenta para refereirse a economías pequeñas, poco fiables, más bien populistas y proclives acumular grandes déficits públicos que en un momento dado pudiesen dañar la credibilidad de la por entonces hipotética moneda única. Con la presente crisis financiera al grupo se ha unido Irlanda (siendo ahora PIIGS o GIPSY en su versión más simpática), cuyo espectacular crecimiento en la última década se ha visto ennegrecido por la sombra de la burbuja inmobiliaria que ha sacudido de forma muy grave su sistema financiero obligando al gobierno a salir al rescate de numerosas entidades financieras.

Afirmaba León Tolstói que las familias felices son todas iguales mientras que las infelices lo son cada una a su manera. En efecto, si bien existen características comunes a estas cinco economías, la problemática subyacente a cada una de ellas es muy distinta. En suma, los PIIGS son economías altamente endeudadas en términos relativos que arrojan dudas razonables a sus prestamistas sobre su solvencia futura. La solvencia de un país viene determinada por su competitividad, esto es su capacidad de crecer de forma sostenida – es decir, sin generar desequilibrios en el cuadro macroeconómico –, en el largo plazo. En términos generales, la pérdida de competividad de estas economías se ha ido acumulando con el paso de estos últimos años al crecer más los salarios que la productividad. Este hecho se veía compensando por un endeudamiento externo en unas condiciones muy laxas. Dinámica, a todas luces, del todo insostenible en el largo plazo.

Portugal lleva una década de crecimiento anémico en su economía en un comportamiento similar al experimentado por Japón desde inicios de los noventa. En 2009, y como subproducto de la crisis financiera, el PIB luso se contrajo un 2,7% llegando la tasa de paro al 10,4%. Durante la última década, este crecimiento anémico se ha estimulado de forma artificial con sucesivos planes de gasto público de corte keynesiano y, en los últimos años de bonanza, mediante unas excepcionales condiciones crediticias fruto de la incorporación de Portugal en la Unión Monetaria. Al igual que en España, este hecho ha ido postergando las necesarias reformas estructurales que hubiesen permitido Portugal recuperar la competitividad perdida y generar crecimiento sostenible. En la actualidad, el ejecutivo de José Sócrates ha emprendido un ambicioso plan de contención del gasto público que incluye rebajas salariales a los funcionarios públicos por debajo de la inflación, rebajas en el gasto social, y subidas de impuestos para reequilibrar las maltrechas finanzas públicas (9,3% déficit/ 76% deuda a finales de 2009). Este ambicioso plan de contención fiscal esta acompañado de un plan para privatizar un buen número de empresas públicas. Sin embargo, todavía esta por ver la capacidad del ejecutivo socialista de emprender reformas estructurales de calado que permitan recuperar la competitividad y devolver el crecimiento a la economía lusa.

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El problema es la capacidad de repago

En la actualidad existe el debate, muchas veces mal orientado, de si España es una economía comparable a la de Portugal, Grecia o Irlanda (esta última en vías de recuperación). Si bien es cierto, que España mantiene todavía unos ratios moderados, sobretodo con respecto a su endeudamiento, el riesgo que están descontando los mercados financieros, y que hace que muchas veces a España se la meta en el mismo saco que Grecia, no viene tanto de un apalancamiento excesivo, sino de una duda razonable sobre su capacidad de repago.

En suma, en cualquier operación financiera el análisis fundamental que realizará el prestamista es un análisis de la capacidad de repago del deudor. En este sentido, es importante conocer las fuentes de ingresos y gastos y poder determinar la capacidad de repago de la deuda. Los planes del gobierno no han sabido transmitir tranquilidad ni solvencia por ningún lado. Por un lado, el inmovilismo del gobierno en cuanto a reformas estructurales se refiere – condición sine qua non para reemprender la senda del crecimiento sostenido –, están retardando nuestra recuperación siendo, hoy por hoy, el letargo el escenario más plausible para nuestra economía en los próximos años, lo que debilita las proyecciones de generar ingresos en el corto y medio plazo.

A esta muy limitada capacidad de generar ingresos (letargo económico), se unen unas fuertes necesidades de financiación fruto bien de los mal llamados planes de estímulo impulsados por el Gobierno, así como el gasto derivado de los estabilizadores automáticos. Nuevamente, la falta de valentía y determinación a la hora de emprender reformas de calado que permitiese una reactivación de la economía, y por lo tanto liberar recursos de las finanzas públicas, esta restando credibilidad a los planes de austeridad del gobierno. Si ha esto sumamos la dificultad de aligerar el sector público y cortar la hemorragia de gasto público, parece una quimera que España pueda devolver el equilibrio presupuestario a los niveles del pacto de Estabilidad en 2013.

Sólo una reforma profunda de nuestro mercado laboral, que permitiese un rápido ajuste de los salarios (y no un ajuste vía el despido masivo como ahora ha pasado), permitiría a nuestra economía recuperar parte de la competitividad pérdida durante los años de borrachera crediticia sin repercutir negativamente sobre las finanzas públicas, y por añaduría en el conjunto del sistema financiero. A esta reforma del mercado de trabajo, es especialmente apremiante, un verdadero plan de contingencia fiscal que devuelva el equilibrio presupuestario de la nación y no siga hipotecando nuestra recuperación con previsibles subidas de impuestos en el corto y medio plazo que sólo alargarían el letargo económico. Sólo así recuperaremos nuestra competitividad. Sólo así volveremos a reemprender la senda del crecimiento sostenido. Sólo disiparemos las dudas sobre nuestra capacidad de repago de nuestra deuda.

Reformas administrativas y nuestro modelo de Estado

En repetidas ocasiones, hemos mencionado algunos de los graves desequilibrios que ha acumulado la economía española durante la etapa expansiva: déficit comercial, pérdida de competitividad generalizada, apalancamiento de hogares y empresas, y el sobre dimensionamiento de algunos sectores, en especial el inmobiliario, pero también el sector público. En efecto, durante el periodo expansivo, la recaudación fiscal ha crecido de forma exponencial en sus principales formas de ingreso con el consiguiente aumento del tamaño del sector público. Como sentenciaba hace unas semanas Juan Rosell en una tribuna en La Vanguardia, ha habido dinero para todo y para todos.

Por ejemplo, en el impuesto de sociedades en 1994 se recaudaron 8.267 millones comparado con los 44.823 que se recaudaron en 2007. La cifra casi se quintuplica en 13 años. Según muchas previsiones, serán menos de 20.000 millones para 2010. Este aumento, de dudosa base, en los ingresos públicos ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto público, tanto en partidas de gasto social como de funcionamiento corriente. En la abundancia, son pocos los que se esfuerzan en hacer una gestión eficiente de los recursos.

Es por eso, que otra de las grandes prioridades de la agenda política ha de ser la reforma y ajuste de nuestras administraciones públicas, para que estas no sean un lastre más en la difícil coyuntura en que nos encontramos. En mi opinión esta reforma tiene dos ejes principales. El primero, hace referencia a la reducción del peso del sector público en nuestras economías lo que exige un compromiso y sacrificio del conjunto de las administraciones (estatal, autonómica, y locales). El modelo de autonomías esta replicando los mismos errores que el Estado central y estamos sobre-regulando la economía con el consiguiente coste que ello supone para los empresarios, en última instancia, los generadores de empleo y riqueza. Sólo un dato: el conjunto de administraciones autonómicas generan cerca de 700.000 páginas en boletines oficiales. El resultado es un marco institucional que resulta disuasorio para la creación de empleo y riqueza.

El segundo eje, sin duda más difícil y complejo, pasa por modificar la estructura en sí del sistema, nuestra Constitución (1978), para que las diferentes regiones tengan los correctos incentivos para gestionar sus economías de manera eficiente. Mientras que el primer eje es necesario para atajar el síntoma, la fiebre, el segundo resulta imprescindible para que esta situación no vuelva a repetirse. En otras palabras, que cure la infección, y que esta tarde en volver hacer acto de presencia. En efecto, en España,  desde los inicios de la transición hemos diseñado un sistema de autonomías que se ha ido configurando en un estado federal sui generis, en donde, salvo las excepciones de País Vasco y Navarra, se ha descentralizado el gasto a las CC.AA. sin que haya recaído sobre estas la responsabilidad de generar los respectivos ingresos fiscales. Es por eso, que nos hace falta valentía para empezar un nuevo proceso de regeneración política que descentralice de forma eficiente el poder hacia las diferentes regiones permitiendo una efectiva competencia entre las mismas (federalismo competitivo, del que hablaré algún día). Esta competencia entre regiones permitiría el ajuste espontaneo y permanente del trinomio gasto/fiscalidad/regulación. El sistema debería premiar a las regiones que ajustasen mejor estos parámetros a los deseos de la población y castigar aquellas regiones que no mantengan una disciplina fiscal ni incorporen un marco institucional favorable a la empresarialidad.

Nuestra Constitución, resulta un tema espinoso a los políticos de todos los partidos, pero también una reforma ineludible si se quiere mejorar la competitividad de nuestra economía en su conjunto, y permitir la competencia entre regiones, tan necesaria en el entorno globalizado e internacional en el que nos encontramos. Sólo así se conseguiría un mínimo de disciplina fiscal al aproximar el poder decisorio al ciudadano. Es tiempo para releerse a James Madison, padre de la Constitución americana, y Alexis de Tocqueville, uno de los que mejor la entendió (ver La democracia en América).